En los últimos días, el debate público en torno a la gestión de la DANA parece haberse desplazado hacia un terreno que, siendo relevante, no debería ocupar el centro: si un responsable político declara o no declara, y en qué momento decide hacerlo. Conviene, quizá, detenerse y ordenar las prioridades.
Porque esto no va de deshojar la margarita. No va de “ahora declaro, ahora no declaro”, ni de ajustar tiempos en función de la estrategia procesal o del desgaste político. Va, esencialmente, de algo más sencillo y más exigente: la responsabilidad que acompaña al que tiene un cargo público.
Cuando hay víctimas, el respeto no es una opción, es un deber. Y ese respeto comienza, de manera elemental, por dar explicaciones. No porque lo imponga un procedimiento judicial, sino porque lo exige la dignidad institucional.
En demasiadas ocasiones se tiende a confundir la ausencia de reproche penal con la inexistencia de responsabilidad. Sin embargo, son planos distintos. La legalidad establece el mínimo exigible; la ejemplaridad, en cambio, define el estándar al que debe aspirar quien ha tenido responsabilidades públicas. La legalidad marca el suelo; la ejemplaridad fija el techo.
Por eso, esperar a que sea la justicia quien impulse la comparecencia no refuerza la posición de quien calla, sino que la debilita. Quien puede explicar y no explica no proyecta prudencia, sino incertidumbre. Y en contextos donde hay víctimas, la incertidumbre no es neutra: erosiona la confianza.
Tampoco resulta acertado desplazar el foco hacia el responsable político. Cuando el protagonismo lo ocupa quien debe rendir cuentas, algo se ha desordenado en el debate público. El centro no puede ser el dirigente; deben ser las víctimas.
En una democracia madura, la rendición de cuentas no comienza cuando a uno le citan como investigado o cuando ahora parece que le interesa declarar. Comienza mucho antes: en el momento en que se asume un cargo y, con él, la obligación de responder ante la ciudadanía.
Por ello, exigir explicaciones no es una forma de presión indebida ni una caza política. Es, precisamente, lo contrario: una manifestación de respeto hacia las instituciones y, sobre todo, hacia quienes han sufrido las consecuencias.
Porque lo que verdaderamente politiza el dolor no es la exigencia de responsabilidades, sino el silencio.
La ejemplaridad, en definitiva, no se negocia ni se pospone. Se ejerce.
[ Mamen Peris | Abogada | @mamen_peris ]
