La Dirección General del Sector Público del Ayuntamiento de València, en colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude (Antifraucv), ha impulsado una jornada formativa especializada dirigida a los empleados públicos en las instalaciones del Palau de la Música. Esta iniciativa tiene como objetivo prioritario consolidar una cultura preventiva frente al fraude y la corrupción dentro de la administración local, integrando estos valores como una parte esencial del funcionamiento diario de todas las entidades que componen el sector público municipal.

La convocatoria estratégica ha sido coordinada de forma conjunta por la directora general del Sector Público, Ana Gil, y el titular de la Secretaría General y del Pleno, Hilario Llavador. Las ponencias y contenidos técnicos han sido impartidos por el personal especialista de la Agencia Valenciana Antifraude, enmarcándose dentro de sus habituales actividades de acompañamiento y asesoramiento a las entidades locales para ayudar a diseñar e impulsar sistemas institucionales robustos de prevención y detección temprana de irregularidades.
Contenidos normativos y canales de denuncia
El programa docente ha analizado a fondo el marco legal vigente y las herramientas prácticas con las que cuentan los funcionarios públicos, desglosándose en varios bloques temáticos clave:
Marco autonómico y cultura pública: Se ha abordado al detalle el sistema de integridad legal de la Comunitat Valenciana, así como las metodologías para evaluar y mitigar los riesgos de fraude y corrupción en los procesos internos de la Administración.
Canales de información: Los técnicos han analizado el despliegue de la Ley 2/2023, detallando los sistemas internos de información obligatorios y el uso correcto del buzón de denuncias gestionado de forma independiente por la Agencia Valenciana Antifraude.
Taller práctico de conflictos de interés: La jornada ha concluido con una sesión dinámica centrada específicamente en la identificación, comunicación y gestión de los conflictos de interés desde la perspectiva de la integridad institucional.
Compromiso con la transparencia ciudadana
Durante el encuentro, la directora general Ana Gil ha destacado de forma contundente que “la integridad institucional no es solo una obligación normativa, sino un compromiso diario con los ciudadanos que exige formación, herramientas y una actitud proactiva por parte de todas las personas que forman parte del sector público”. Asimismo, Gil ha subrayado que este tipo de programas coordinados contribuyen directamente a “construir administraciones más transparentes, responsables y preparadas para prevenir riesgos de fraude o corrupción”.




























































































































































































































