El Consell ha autorizado la contratación del servicio de gestión de los centros socioeducativos para el cumplimiento de medidas judiciales de jóvenes de 'Pi Gros' de Castellón y 'Mariano Ribera' de Burjassot, de titularidad de la Generalitat Valenciana.
De esta forma, se ha incorporado al objeto del contrato la inserción sociolaboral de los chicos y chicas atendidos, que pasa a ser una de las prestaciones requeridas al adjudicatario. A este fin, se ha incluido en la plantilla de personal exigida la figura de un técnico en integración social.
Por lo que se refiere a los criterios de adjudicación de estos contratos, se han introducido nuevas fórmulas objetivas de valoración, distintas de la proposición económica, a la que se reserva únicamente un máximo de 35 puntos, sobre un total de 100, primando cuestiones relacionadas con la calidad y aminorando el impacto mercantilista de los anteriores pliegos.
Además, se plantean servicios adicionales, no contemplados anteriormente como un servicio de supervisión grupal orientado explícitamente a la mejora permanente de la organización y el funcionamiento del centro, al objeto de optimizar la calidad de la atención educativa que reciben los adolescentes y los jóvenes internados, realizado por personal externo especializado en motivación y cohesión grupal en el área de infancia y juventud.
Además, se introducen otras cláusulas sociales dentro de las condiciones especiales de ejecución del contrato relacionadas con el respeto del principio de igualdad de oportunidades de las personas con dificultades de acceso al mercado laboral teniendo en cuenta colectivos de especial vulnerabilidad, como, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de género.
El importe del contrato de servicio de gestión del Centro de Reeducación de Menores Mariano Ribera de Burjassot, asciende a 7.988.784,00 repartido en tres anualidades y se realizará por procedimiento abierto, por un período máximo de 24 meses estimando su inicio el 1 de mayo de este año 2017.
Podrá acordarse la prórroga o prórrogas del plazo de vigencia del contrato antes de su finalización, por mutuo acuerdo de las partes, por un periodo no superior a la duración inicial real del contrato, de forma que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 4 años. La prórroga supondría 8.000.070,00 euros más.
