Agentes de la Policía Nacional, en una segunda fase de esta operación policial, han desarticulado un grupo criminal de carácter nacional dedicado a perpetrar estafas a través de Internet. Han sido detenidas nueve personas, de origen español, con edades comprendidas entre los 21 y 19 años. Otras dos han sido imputadas por estos hechos, sin ser arrestadas pues ya se encontraban ingresadas en prisión.
Los responsables presuntamente usurpaban identidades a través de las nuevas tecnologías, a fin de falsificar documentación para solicitar microcréditos y comprar teléfonos de alta gama en tiendas online. Para ello, aportaban una dirección ficticia a la empresa de créditos, de modo que muchas de las víctimas no eran conocedoras de que estaban inscritas en el registro de morosos por el impago del crédito, ya que no recibían notificación alguna.
Los investigadores han identificado a 132 víctimas, llegando a estafarles en total 74.521 euros, creando 56 cuentas bancarias y contratando uno o varios créditos a nombre de éstas.
El modus operandi que utilizaba la organización consistía en publicar falsas ofertas de trabajo, consiguiendo así documentación de personas para su supuesta contratación. Posteriormente las utilizaban para falsificar documentos y abrir cuentas bancarias con ese nombre y con un domicilio falso, el cual solía estar ubicado en aldeas o pueblos pequeños de otras provincias que nada tenían que ver con los estafadores. Con esas documentaciones solicitaban préstamos vía Internet y remitían las tarjetas a las direcciones facilitadas por los integrantes de la organización que una vez recibían las cantidades de los préstamos, traspasaban el dinero a otra cuenta bancaria, manejada por el cabecilla de la organización. De igual manera, realizaban compras de productos en comercios, financiando a 12 meses, usurpando la identidad de los supuestos compradores.
Un grupo criminal especializado y organizado
La organización criminal se caracterizaba por su alta especialidad en este tipo de estafas, actuando cada integrante con papeles claramente diferenciados. De este modo, los “conseguidores” obtenían los datos personales de las víctimas, mientras que otros eran los “facilitadores” de los medios, como cuentas bancarias, para lograr el fin deseado. Entre ellos, se repartían el dinero presuntamente estafado a través de los microcréditos.
Estas detenciones se suman a otras llevadas a cabo por la Policía Nacional en octubre de 2018 en el marco de este operativo. En esa ocasión fueron detenidas 21 personas, que habrían estafado unos 150.000 euros a 183 víctimas, creando para ello 171 cuentas bancarias.
El inicio de las investigaciones se remonta a principios de 2018, tras tener conocimiento los agentes de varias denuncias procedentes de distintos puntos de la geografía española, siempre con un mismo patrón de actuación. Concretamente, las víctimas, tras solicitar un crédito o tarjeta bancaria, se les denegaba al estar inscritas en la base de datos de morosos por una deuda.
El cabecilla de este grupo criminal ya ha ingresado en prisión por estos hechos.
