Generalitat y Ayuntamiento buscan fórmulas de colaboración en materia de vivienda en Mislata

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La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática se ha reunido con el Ayuntamiento de Mislata para buscar fórmulas de colaboración en materia de vivienda.

En el encuentro mantenido entre el director general de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar, el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y el concejal de Bienestar Social, Ximo Moreno, se han analizado las posibles vías de colaboración para mejorar la situación en esta localidad, ya que en la actualidad la Generalitat no dispone de viviendas públicas en Mislata.

Ante esta situación, se han analizado las necesidades habitacionales existentes en el municipio y han acordado valorar iniciativas de futuro que permitan crear el parque público de viviendas en esta localidad.

Aznar ha explicado que la Conselleria de Vivienda ha visto necesario revisar el modelo de gobernanza para fomentar y reforzar, desde la Administración autonómica, una red de apoyo a las entidades locales. Esto se está haciendo a través de convenios de colaboración entre la Generalitat y ayuntamientos para impulsar la gestión conjunta de viviendas públicas.

En el caso de Mislata, el director general de EVha ha comentado que, una de las opciones que el municipio, dispone para empezar a disponer un parque público de viviendas es a través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto. “Una fórmula que la Generalitat ha puesto a disposición de los ayuntamientos para dar respuesta a la demanda de vivienda en este contexto de crisis económica y social”.

Con este mecanismo, la Generalitat cede los derechos de adquisición preferente al municipio donde se ubique la vivienda objeto de tanteo o retracto, algo que podrá ejercer directamente o a través de un ente público en el que delegue las competencias de vivienda.

La cesión de esos derechos se formaliza mediante la firma de un convenio que determina las condiciones de la cesión, el destino de los inmuebles y los criterios de adjudicación. Las viviendas adquiridas se califican de protección oficial con carácter permanente, por lo que se incorporarán al parque público municipal y se destinan en alquiler social a las personas en situación de vulnerabilidad.

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