Las Corts Valencianes han aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno que se garantice que cualquier persona extranjera pueda denunciar un delito “sin que el hecho de interponer la denuncia suponga un riesgo de expulsión”.
Finalmente la Delegación del Gobierno archivo el expediente la expulsión de la joven hondureña en agosto, "pero casos similares se seguirán produciendo mientras no se realicen los cambios legislativos que lo amparan", según los firmantes de la moción.
Por eso, Unides Podem presentó una proposición no de ley (PNL) el pasado mes de julio que ha sido aprobada en la Comisión de Política Social y Ocupación tras incluir sendas enmiendas de Compromís y del PSPV.
El texto consensuado (apoyado también por PP, Ciudadanos y Vox) aprueba instar al Consell a “incluir a las personas extranjeras en situación irregular en los protocolos de actuación de las unidades que integran la red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito “para que a su vez inste al Gobierno de España”.
En la moción, el Consell insta al Gobierno de España para que con carácter inmediato, mientras se inicie un proceso de reforma de la Ley de Extranjería, adoptar todas las medidas necesarias para establecer un marco legal para que cualquier persona extranjera víctima de un delito, pueda poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de un delito, sin que el hecho de interponer la denuncia suponga un riesgo de expulsión.
Los grupos parlamentarios también han solicitado que el Ministerio del Interior proceda a la expedición de una instrucción para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantice el derecho de todas las víctimas de un delito a interponer una denuncia, tal como ha recomendado el Defensor del Pueblo.
La moción también pide abordar una reforma integral de la Ley 12/2009 para que puedan incorporarse, como solicitantes de protección internacional, las víctimas de los grupos organizados como las ‘maras’.
Los grupos parlamentarios piden que el Consell le rinda cuentas del cumplimiento de esta propuesta en el plazo de seis meses. Por eso, mientras estas medidas no se llevan a cabo, València Acull insta a seguir denunciando cualquier violación de derechos, pero recomienda a quienes no tengan papeles acudir al juzgado de guardia para evitar el riesgo de la expulsión.
