Una mujer hondureña ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo después de acabar con una orden de expulsión tras acudir a la Comisaría de Xirivella a denunciar una agresión.
La víctima explica lo sucedido y solicita al Defensor su mediación para que garantice el derecho de las personas migrantes indocumentadas a denunciar sin miedo a ser expulsadas, especialmente en los casos graves como las agresiones.
Que no vuelvan a repetirse casos como el suyo. Esa es la solicitud que ha presentado al Defensor del Pueblo la joven hondureña sobre la que pesa una orden de expulsión incoada en la misma comisaría de la Policía Nacional de Xirivella a donde había acudido a denunciar una agresión.
El casero de un amigo suyo les agredió, insultó y amenazó el pasado 3 de mayo, por lo que fueron inmediatamente a denunciarlo. El agente de la comisaría que les estaba tomando la declaración les solicitó la documentación y cuando la mujer regresó del coche tras recoger una copia del pasaporte, la detuvieron y le abrieron el procedimiento de expulsión.
Días después, la joven presentó en el juzgado de guardia la denuncia que no pudo formalizar en Xirivella. La agresión del casero le provocó hematomas y contusiones en brazos y hombros.
Toda la documentación del caso fue remitida esta misma mañana al Defensor del Pueblo por València Acull, en nombre de la víctima. En el escrito de queja se expone la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes que carecen de documentación a la hora de denunciar los abusos que sufren.
Por eso, reclama que el Defensor intervenga para asegurar el derecho de todos y todas a denunciar sin ningún temor. Además, se plantea que, al menos en los casos graves (como las agresiones), se determine que no se iniciará procedimiento de expulsión a quien denuncie. El procedimiento para garantizar esta medida sería establecer la exención de responsabilidad de la persona en relación con la infracción del artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, tal como se hizo en las situaciones de violencia de género, trata de personas y explotación laboral.
“València Acull reitera su rechazo a la forma de proceder de la policía de Xirivella porque, además de suponer una discriminación de las personas indocumentadas, propicia la impunidad y las agresiones racistas y xenófobas”, señalan desde la entidad.
Ante esta situación, el delegado del Gobierno ha indicado a los medios de comunicación que van a averiguar las "circunstancias" de estos hechos, y ha precisado que esta mujer se encontraba en situación "irregular" en España y por lo tanto al ser identificada se inició un procedimiento de expulsión, "porque así lo marca la ley".
Según Fulgencio, la mujer permaneció en la comisaría "el tiempo imprescindible, no llegó a más de una hora y cuarto", y ha añadido que se trata de un expediente "ordinario de expulsión, de los que hay miles y miles".
El delegado ha defendido que el Gobierno de España es "absolutamente sensible y solidario con la situación de la inmigración a todos los niveles", y ha añadido que el Estado de derecho debe de procurar "hacer compaginar esa solidaridad con los procedimientos establecidos".
