El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa que prestó servicios en diversos centros de tercera edad, discapacitados y viviendas tuteladas de Valencia, Gandía, Massanassa y Elche y ha ordenado a la Generalitat al pago de 169.831 euros en concepto de intereses de demora por el retraso en el pago de servicios sociales.
La empresa de concejal de Paterna y empresario Manuel Palma prestó servicios en diversos centros de tercera edad, discapacitados y viviendas tuteladas de Valencia, Gandía, Massanassa y Elche tras haber suscrito diversos contratos con la Consellería de Bienestar Social.
La Generalitat reconoció una deuda de 148.009 euros con esta empresa, de modo que el tribunal estima ahora el derecho al cobro de los intereses, sin apreciar temeridad o mala fe en ninguna de las partes, a efectos de imposición de las costas procesales
