Fiscalía remite al juzgado de Moncada el caso de paellas universitarias por presunta prevaricación

La Fiscalía ha remitido el caso de la celebración del festival de las paellas de Moncada al juzgado número 1 de esta localidad para que abra instrucción por “hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación”.

El asunto fue denunciado en su día por el Partido Popular de Moncada a la Fiscalía por “posibles irregularidades en la gestión del evento”, al haberse celebrado sin la licencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas y sin las licencias urbanísticas necesarias para la celebración del festival que se celebró el pasado mes de abril.

En el informe del fiscal instructor remitido a los juzgados, al que ha tenido acceso Hortanoticias, se determina que “la alcaldesa de Moncada permitió la celebración del macrofestival 'Paellas universitarias 2018', Moncada”, a pesar de que la empresa “no había solicitado y obtenido la preceptiva licencia municipal para la venta de bebidas alcohólicas, así como tampoco había solicitado y obtenido la correspondiente licencia municipal para el movimiento de tierras, necesaria puesto que se produjeron movimientos de tierras y demolición de muros para acondicionar el terreno para la celebración del macro evento”, al que asistieron 24.000 personas.

Tras conocer la apertura de la investigación el PP de Moncada afirmó que en su momento “ya avisamos de las posibles ilegalidades de autorizar las paellas universitarias, sin pedir a la empresa las licencias oportunas. Las paellas fueron un capricho de la alcaldesa de Moncada, la socialista Amparo Orts. El pleno por mayoría absoluta le dijo que no autorizara la celebración del evento, sin tener los permisos adecuados, teniendo en cuenta que la empresa organizadora no los había solicitado”, según explicó Miguel Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Moncada.

Gallego recordó “que todos los grupos políticos de Moncada votaron en contra de la celebración. El pleno municipal mostró su rechazo a que se celebrara el evento por 16 votos, frente a los 5 del partido socialista. Además, en las siguientes horas se produjo la dimisión de dos concejales que destaparon que, entre la documentación solicitada al equipo de gobierno, no estaba la licencia para la venta de bebidas alcohólicas”.

Por todo ello, según explicó Gallego, “no había otra solución que denunciar el tema, llegar hasta el final de esta cuestión y que la justicia determine si han existido posibles delitos de prevaricación”.