Cuidem Benimaclet presenta 1.345 firmas contra el PAI Benimaclet Est

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La plataforma Cuidem Benimaclet ha entregado este martes 1.345 solicitudes formales en el registro general del Ayuntamiento de València, una cifra significativa que hace referencia a las 1.345 viviendas que la constructora Metrovacesa ha proyectado en el PAI Benimaclet Est y que la plataforma quiere parar para evitar el colapso poblacional y el desastre ecológico que supone a su juicio su ejecución.

Y es que el proyecto parece abocado a su ejecución con el visto bueno del llamado Govern de la Nau a pesar de la oposición frontal de los vecinos y vecinas del barrio de Benimaclet poniendo en entredicho el concepto de gobierno participativo que con tanta insistencia esgrime el Ayuntamiento de València como estandarte de su forma de hacer.

Las solicitudes presentadas piden y razonan por qué es legal jurídicamente la demanda de la desclasificación del suelo urbanizable programado (S.U.P) a suelo no urbanizable (S.N.U) para que se mantenga en la situación actual de suelo rural y evitar, de este modo, la construcción de nuevos edificios. Se detallan, además, las implicaciones reales que tendría el uso de este proceso jurídico, como es el hecho de que no cabría indemnización a ningún agente urbanizador, ya que no ha existido ningún tipo de patrimonialización del terreno del PAI. El Ayuntamiento tampoco tendría responsabilidad patrimonial.

Construir en Benimaclet supondría colapsar el barrio

Las propias fuentes oficiales municipales lo constatan, según la plataforma vecinal. Según la empresa municipal Actuaciones Urbanas Municipales, AUMSA, Benimaclet pasaría a tener una densidad poblacional insostenible en caso de que se ejecutara el PAI.

También se colapsaría, según asegura Cuidem Benimaclet, los equipamientos y servicios públicos existentes en el barrio, que ya están actualmente un tanto saturados. Y es que hay que ser conscientes de que, a pesar de que los equipamientos públicos aparecen en el diseño del PAI, es la administración municipal y no el agente urbanizador quien se ha de hacer cargo de su construcción.

De hecho, en la rueda de prensa de presentación del proyecto de desarrollo del PAI, celebrada el pasado 4 de diciembre por Metrovacesa, se afirmó que “el suelo dotacional público vive, respira y existe sólo gracias al desarrollo de la edificabilidad privada“, pero a la pregunta de un periodista sobre quién se encarga de construir los equipamientos, se respondió claramente que será la administración municipal, cuando lo estime oportuno y, sobre todo, cuando disponga de los fondos necesarios para hacerlo.

La gran pregunta que lanza Cuidem Benimaclet es muy esclarecedora en este sentido: “¿De qué servirá un campo de fútbol cuando las familias del barrio no tengan plaza en los centros educativos públicos o se saturen los dos centros de salud que ya hoy en día están en riesgo de colapsarse?”

Cuidem Benimaclet señala que es una falacia que València necesite nuevas viviendas. Muy al contrario, desde el año 2009 la ciudad está perdiendo población manteniéndose por debajo de los 800.000 habitantes. Fue entonces cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se comenzó a revisar en previsión de que la ciudad llegara, en poco tiempo, al millón de habitantes. Un crecimiento que evidentemente no se ha producido.

Bien cierto es, además, que en los últimos años la proliferación de viviendas vacías en el núcleo urbano es un fenómeno notorio y reconocido por el mismo Ayuntamiento, que no hace tanto movió al consistorio a promover ayudas para obras de acondicionamiento de dichas viviendas vacías en el centro histórico, por poner un ejemplo. Llama la atención, por lo tanto, que se pueda argumentar la construcción de viviendas nuevas como una supuesta necesidad.

La desclasificación del suelo es legal, viable y posible

El Ayuntamiento de València tiene las suficientes atribuciones como para alterar la ordenación urbanística Ius Variandi. Existe, además, un vacío de poder ya que el agente urbanizador está resuelto y el Programa de Gestión está caducado.Además, el Tribunal Supremo dictaminó en 2016 (3480/2016) que este procedimiento legal, manteniéndose los supuestos hoy en día en Benimaclet, es legal y viable. Existen además precedentes en Calvià ,Palma de Mallorca y Denia.

Desde que un trabajo universitario de la Facultad de Derecho (UV-EG) analizara el caso urbanístico de Benimaclet y los supuestos que se han de dar para poder aplicar la Desclasificación, son muchas las organizaciones sociales que han dado el visto bueno a ese proceso legal. La mencionada ingeniería jurídica ha sido amparado por abogados urbanísticos y otros operadores jurídicos, arquitectos en ejercicio, sociólogos y técnicos de la administración.

Una ciutat ha de ser sostenible, no viable, en termes econòmics

Metrovacesa habla en su argumentario en pro del PAI de viabilidad económica, pero Cuidem Benimaclet recuerda que “una ciudad no ha de ser viable para una empresa constructora, sino que ha de ser sostenible y ha de satisfacer las necesidades del vecindario”. Esta forma de urbanizar es puro negocio, pues, para los agentes urbanizadores, ya que “tan sólo habrían de preparar el suelo para el futurible uso público de los edificios que después hemos de pagar entre todos y todas”.

Se trata, por lo tanto, d eespeculación como único objetivo ya que, tanto durante el proceso como cuando esté acabado, cuesta encontrar una sola mejora en la vida de la ciudadanía del barrio. Cuidem Benimaclet interpela directamente a la clase política. Hay que tener en cuenta la relidad demográfica y ecológica de la zona en la que se ejecutaría el PAI.

“No es el momento de elegir el camino fácil -señala Cuidem Benimaclet- y dejar de lado la responsabilidad contraída con la ciudadanía”. Muy al contrario, el colectivo tiene bien claras su legitimidad y su fuerza de la razón contra la especulación: “La administración tiene la obligación de escuchar a la ciudadanía y, si no lo hace, encontrará al vecindario en la calle con la formación, la cohesión y la fuerza necesaria para frenar este macroproyecto”.

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