El cuatripartito, orgulloso del presupuesto de 2018 de Diputación con más inversiones y transferencias y menos deuda

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Los cuatro grupos políticos que forman el Gobierno de la Diputación de Valencia han querido escenificar hoy su buena sintonía en una rueda de prensa conjunta para valorar los presupuestos de 2018 que se han aprobado solo unos minutos después en el pleno de la corporación.

El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, del PSPV, la vicepresidenta Maria Josep Amigó, de Compromís, y los diputados y portavoces de sus grupos Rosa Pérez-Garijo, de EU, y Roberto Jaramillo, de València en Comú, se han mostrado satisfechos de unas cuentas donde se incrementan las inversiones propias y las transferencias a los ayuntamientos y se rebaja la deuda a la mitad de la que había en 2014, rebajando así los gastos financieros de los 3 millones anuales que se pagaban ese año a los 800.000 euros que se van a pagar en 2018, según ha relatado Rodríguez, quien ha considerado que esta rebaja ha sido posible, por un lado, por la buena gestión y, por otro, gracias a acabar “con el clientelismo y las fanfarronadas” que guiaban a las presidencias en legislaturas pasadas.

El presupuesto total alcanza los 473 millones de euros de los cuales, se van a repartir entre los ayuntamientos más de 55 millones tan sólo con el Fondo de Cooperación Municipal (20,6 millones junto a otros tantos de la Generalitat) y el plan SOM (con cerca de 35 millones) lo que demuestra, según el presidente, que las cuentas del próximo años siguen fieles a la filosofía “claramente municipalista” de la corporación provincial.

55 millones que se repartirán, como han reiterado los cuatro representantes políticos, con criterios objetivos “y no en función del color político del gobierno municipal”, ha señalado Amigó, quien ha recordado que, por primera vez, no se ha presupuestado dinero para ayudas no regladas, los conocidos como convenios singulares.

Pérez Garijo también ha destacado que tanto el Fondo de Cooperación como el SOM permiten a los consistorios decidir en qué invertir porque, al fin, son ellos “los que mejor conocen sus necesidades” y ha incidido en que este equipo de gobierno decidió huir así de los planes teledirigidos de legislaturas pasadas “como el de sustitución de luminarias que ha acabado con almacenes municipales llenos de leds por toda la provincia”.

Uniendo esfuerzos

La vicepresidenta, que ha calificado el presupuesto de “justo” y “social”, ha destacado que las cuentas del próximo año seguirán en la línea iniciada de “unir esfuerzos” con la Generalitat porque ambas instituciones comparten “el espíritu del Botànic”. Así, se mantiene el convenio con la Conselleria de Políticas Inclusivas por el que la Diputación construirá seis nuevos centros para personas mayores y dependientes con un presupuesto de 10 millones de euros y cuyo funcionamiento asumirá la Conselleria.

También se renovará el plan de mantenimiento de escuelas públicas que este año ha permitido la renovación de puertas y ventanas en 44 colegios públicos de la provincia de Valencia.

Por su parte, Pérez Garijo ha destacado el incremento de presupuesto en las áreas que gestiona como Teatros y Memoria Histórica cuyo presupuesto en subvenciones a ayuntamientos y asociaciones se ha doblado “demostrando que la Diputación también trabaja por la dignidad de las personas”, ha dicho.

El diputado de València en comú y responsable de Gobierno Abierto, Roberto Jaramillo, también ha mostrado su satisfacción con un presupuesto que, aunque diferente al que habría elaborado su partido si gobernara en solitario, “seguramente es más plural y está hecho poniendo a las personas en primer lugar y apostando por la autonomía local con criterios objetivos” de distribución de ayudas económicas.

Sobre Gobierno abierto, Jaramillo ha dicho que el próximo año seguirán ciñéndose al plan elaborado al principio de legislatura (premiado como el mejor plan de Gobierno abierto de Iberoamérica) que es su “hoja de ruta” y se aumenta a un millón de euros los recursos para que ayuntamientos y asociaciones puedan implantar las políticas de transparencia exigidas por ley.

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