Ros ratifica ante el juez la imposibilidad económica de Torrent para materializar la ley de Gran Ciudad

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El alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha declarado este jueves como investigado ante el juzgado de instrucción número 2 de Torrent por un presunto delito de prevaricación administrativa omisiva denunciado por Compromís per Torrent al incumplir los acuerdos de la ley de Gran Ciudad.

Jesús Ros alcalde de TorrentLa declaración de Ros en el juzgado ha durado aproximadamente 15 minutos. Tras abandonar el Palacio de Justicia de Torrent, el alcalde no no ha querido hacer declaraciones sobre el contenido de su declaración.

Según ha podido saber Hortanoticias, el alcalde se ha ratificado en lo manifestado en la rueda de prensa en la que celebró tras la denuncia de Compromís. En aquel momento, y hoy ante el juez, Ros ha alegado "motivos económicos" para no poner en marcha los requisitos que conlleva la Ley de Gran Ciudad y ha criticado que "no se haya tenido en cuenta la etapa de gobierno del PP, que tampoco la desarrolló. Cuando llegamos en 2015, la ley no se había cumplido y teníamos una regla de gastos que impedía contratar a más personal para ponerla en marcha pero es cierto que cumplirla".

Compromís denunció el acuerdo vinculante de 2015

La comparecencia ante el juzgado de Ros ha respondido a la denuncia presentada por Compromís por prevaricación administración por omisión por la creación de los órganos competentes para Torrent como Gran Ciutat.

Según aseguró Compromís, la Ley de Gran Ciutat obligaba al consistorio a crear mecanismos de transparencia y participación que hasta el momento no consta que se hayan realizado pese a la aprobación de un acuerdo vinculante del pleno en 2015, siendo ya alcalde Jesús Ros.

El PSPV tilda la denuncia de ataque personal

El portavoz del PSPV de Torrent, Andrés Campos, calificó la denuncia de “ataque personal contra el alcalde para intentar ganar en los juzgados lo que Compromís no puede ganar en las urnas”. Campos recordó que cuando ellos entraron en el gobierno, en el año 2015, se encontraron con un Plan Económico-financiero por una deuda de 60 millones heredada de la época del PP y que entre los años 2015 y 2019 el ayuntamiento tan solo podía reponer el 50% de las bajas de funcionarios, lo que hacía "inviable" ampliar la plantilla con nuevo personal para poner en marcha todos los nuevos entes a los que obligaba la condición de Gran Ciudad.

Tras la presentación de una querella por presunta prevaricación administrativa contera el alcalde y las acusaciones del PSPV, Compromís per Torrent explicó que la denuncia presentada ante al Fiscalía "no tenía carácter penal ni iba contra el alcalde Ros. Nosotros presentamos toda la documentación y la Fiscalía ha decidido así".

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