Tras la presentación de una querella por presunta prevaricación administrativa contera el alcalde, Compromís per Torrent ha explicado que la denuncia presentada ante al Fiscalía "no tenía carácter penal ni iba contra el alcalde Ros. Nosotros presentamos toda la documentación y la Fiscalía ha decidido así".
Alabajos recordó que en noviembre de 2015 el pleno municipal acordó poner en marcha los órganos pendientes de la declaración de Gran Ciudad "acuerdo que se encontraba en en le tercer punto del acuerdo de investidura de Ros firmado por PSPV, Compromís y Guanyant. Sin ese acuerdo, Ros no sería alcalde".
El portavoz de Compromís per Torrent, que estuvo acompañado por el miembro de la ejecutiva nacional de Compromís Xavi Martí, defiende que "han tenido seis años para hacerlo. Ahora no pueden argumentar cuestiones económicas cuando han sacado pecho estos años de su gestión económica y cuando se han gastado, por ejemplo, 700.000 euros en la compra del edificio de la Malagueña".
Alabajos y Martí afirmaron que en la denuncia no hay inquina personal contra el alcalde, tal y como afirmado el portavoz del PSPV de Torrent Andrés Campos, ya que el escrito presentado ante la Fiscalía "habla de los acuerdos de la Junta de Gobierno y de los acuerdos del pleno municipal".
Respecto a las consecuencias de esta denuncia para el Botànic, Compromís ha defendido que Torrent no forma parte del Botànic "porque Ros lo rechazó en julio de 2019" y la ejecutiva nacional de la formación "da libertad a las ejecutivas locales para lo que consideren oportuno".
