La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha denunciado hoy que el Informe de la Auditoria del Sector Público del Ayuntamiento de Valencia del año 2017 advierte sobre el fraccionamiento de contratos por valor de más de 220.000 euros en el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines (OAM).
Según han puesto en evidencia los auditores municipales, el OAM habría incurrido en fraccionamiento al haber dividido en 18 contratos la ejecución de obras, la compra de suministros y dos tractores, además de la renovación de pólizas de seguros vinculados con el mantenimiento de parques y jardines.
El uso indiscriminado que a están haciendo el gobierno de Ribó de los contratos menores “resulta muy dudoso, y más cuando por conceptos muy similares, aparecen demasiadas facturas convenientemente limitadas en su importe para no superar los límites establecidos por la Ley”.
En concreto, el fraccionamiento se habría producido en las siguientes contrataciones:
| OBJETO | Nº CONTRATOS | OBJETO |
| Obras de reparación en el jardín del Turia | 4 | 57.046 |
| Suministro de maquinaria de jardinería | 4 | 47.891 |
| Adquisición de tractores | 2 | 29.196 |
| Pólizas de seguro | 2 | 27.226 |
| Suministro de fertilizantes | 3 | 28.877 |
Al respecto, Catalá ha manifestado que los contratos a dedo se han convertido en práctica habitual en la gestión del gobierno del alcalde Ribó y el PSPV, “lo que les está llevando a cometer posibles infracciones de la Ley de Contratos del Sector Público por fraccionamientos como ha sucedido en la OAM de parques y jardines”
Además, ha recordado que el gobierno municipal eliminó la fiscalización previa de los contratos menores. “Desconocemos la intencionalidad última de esta decisión de quitar la fiscalización previa, pero mucho nos tememos que detrás esté el reducir la transparencia en estos procedimientos y limitar las ofertas que se presentan”, ha indicado.
Ante esta situación, el alcalde no puede esconderse ni un minuto más, debe dar explicaciones de lo sucedido cuanto antes y poner fin a esta práctica irregular”. Aunque, ha finalizado Catalá, “como estamos comprobando, Ribó está muy lejos todavía de poner freno a los contratos menores y a los fraccionamientos, y pese a las denuncias, sigue abusando de ellos para evitar la pública concurrencia de las empresas”.
