Delegación del Gobierno lleva a la Fiscalía la subrogación de las empleadas de la guardería de Fuente del Jarro por Gespa

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La Delegación del Gobierno ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la subrogación de las trabajadores de la guardería de Fuente del Jarro, contratadas en su momento por la empresa concesionaria, por la mercantil pública Gespa, que se encarga desde principios de este curso de la gestión de esta escuela infantil. Se basa en los reparos mostrados por la secretaria municipal que habla de un posible “acceso encubierto” a la función pública.

Escuela Infantil Fuente del JarroCuando la empresa concesionaria anunció que no seguiría con la gestión de la guardería este curso ya era demasiado tarde y, en plenas vacaciones estivales, el Gobierno municipal se vio envuelto en una polémica en la que todos los actores implicados pretendían velar por el bienestar de los alumnos y la continuidad del centro, muy valorado por las familias que llevan allí a sus hijos.

Sin tiempo para redactar un nuevo pliego para adjudicar el servicio antes de que comenzara el curso y con el riesgo que supondría para su continuidad, cerrar durante todo un año, el equipo de Gobierno, consultados todos los técnicos y con un informe externo que garantizaba la no duplicidad de servicios, según han recordado hoy fuentes municipales, decidió asumir la gestión a través de la empresa pública Gespa y subrogar a los trabajadores “porque los padres hicieron mucho hincapié en la buena labor que realizaban y lo beneficioso que es para los niños su continuidad”.

En su informe, la secretaria municipal puso reparos a esta subrogación alegando que podría implicar un acceso encubierto a la función pública sin el obligado proceso de selección en condiciones de igualdad y publicidad. Desde el equipo de Gobierno señalan que, aún sabiendo de estos reparos, siguieron adelante con la subrogación porque era la opción “menos mala” y con ella no se incurre en ninguna ilegalidad.

Explican que la opción de contratar a una nueva plantilla hubiera podido acarrear al Consistorio una demanda por parte de los ex trabajadores y, en caso de fallar a su favor, que el juzgado obligara al Ayuntamiento a despedir a los nuevos contratados y readmitir a los antiguos con las consecuencias que ello tendría para la formación de los alumnos y el servicio que se presta a las familias.

Así pues, y ante las alternativas que se planteaban, el Gobierno municipal optó por la subrogación considerando que era la mejor opción para los niños y los empleados y así, señalan las mismas fuentes, lo defenderán ante el tribunal llegado el caso.

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