El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitado hoy los trabajos de exhumación de los represaliados de la fosa 113 del cementerio de Paterna y el conocido como ‘paredón de España’ donde más de 2.000 presos fueron fusilados por el Franquismo cuando finalizó la Guerra Civil. Hechos que confieren a Paterna un valor simbólico y la hacen idónea para acoger “un memorial o un centro de interpretación”, donde las futuras generaciones puedan ver y conocer qué ocurrió porque, dice Puig, “no debemos olvidar nuestra historia”.
Una historia que incluye episodios “criminales” como la represión llevada a cabo por las fuerzas del régimen ya acabada la Guerra Civil, en los primeros años del Franquismo. Represión que el 18 de enero de 1940 causó la muerte de 52 hombres apresados en diferentes pueblos de Valencia y cuyos restos se están exhumando gracias a una subvención de la Diputación de Valencia concedida a la asociación de familiares de la fosa 113 de Paterna.
El president de la Generalitat ha realizado la visita guiado por el presidente y promotor de esta asociación, Santi Vallés, quien le ha explicado todo el proceso llevado a cabo para conseguir abrir la fosa donde, supuestamente y según un estudio del propio Vallés, reposan los restos de unos 60 represaliados.
Sin embargo, el equipo de arqueólogos ha explicado que, llegando ya al final de la fosa, solo esperan hallar a los 52 represaliados de la saca del 18 de enero. El resto, fusilados en fechas posteriores, no habrían sido enterrados en esa fosa. Después de la exhumación, llegarán las labores antropológicas y de estudio del ADN para identificar a las víctimas. Un proceso laborioso que no dará sus frutos hasta dentro de un año o año y medio, según los responsables de la excavación.
Ximo Puig ha agradecido a asociaciones, familiares y a instituciones como la Diputación la labor que han realizado para llevar a cabo esta y otras exhumaciones pues, según ha recordado, no es sólo responder a un derecho legítimo de las familias de encontrar a sus seres queridos, sino de devolver la dignidad a todo un pueblo.
“Un pueblo no puede tener futuro si no repara su pasado”, ha declarado el president quien ha dado las gracias a todas aquellas personas que “nunca han bajado los brazos”. En ese sentido, ha destacado el proyecto de la Generalitat de aprobar una Ley de Memoria Democrática que, entre otras cuestiones, obligará a la administración autonómica a correr con los gastos de exhumación e identificación genética.
Al tiempo que ha alabado la implicación de las instituciones valencianas, Puig ha pedido “más responsabilidad” en este ámbito al Gobierno central al que, ha dicho, se le debiera suponer una actitud “más razonable” sobre la memoria histórica de la que ha mostrado hasta ahora: “la memoria histórica no va contra nadie, es a favor de todos. Ningún demócrata puede sentirse no concernido por estas actuaciones de reparación”.
Por ello, ha propuesto que se cree en Paterna un memorial o un centro de interpretación que permita mantener viva la memoria de aquellos años aciagos para los españoles que supusieron la desaparición de miles de personas que aún hoy están siendo buscadas por sus familias. “Debemos contribuir a evitar que ese silencio que ha pesado sobre esas víctimas persista en el tiempo”, ha dicho Puig, quien ha recordado que es necesario un centro donde las futuras generaciones aprendan qué ocurrió porque, después de casi 80 años, “los testimonios orales se están perdiendo”.
A la visita han acudido también el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, la diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y alcaldes de otras localidades originarias de algunos de los represaliados en el cementerio de Paterna. Así, estaban también presentes la alcaldesa de Quart de Poblet y vicepresidenta de Les Corts, Carmen Martínez y los alcaldes de Aldaia, Guillermo Luján; Mislata, Carlos Fernández Bielsa; Rafelbunyol, Fran López; y Rocafort, Víctor Jiménez, entre otros.