València resuelve el contrato del jardín de Juan XXIII por “constantes incumplimientos” de la empresa

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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha acordado resolver el contrato para la construcción del jardín de la avenida Juan XXIII, en el barrio de Benicalap, y remitir el expediente al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. El consistorio considera, en palabras del vicealcalde y portavoz municipal, Sergi Campillo, que “la empresa adjudicataria de las obras no ha puesto suficientes medios y recursos para hacer la obra, con un constante incumplimiento de los plazos por motivos injustificados”. El vicealcalde ha afirmado al acabar la Junta de Gobierno Local que el caso es «especialmente grave por la imagen de abandono» que ha dejado la empresa en el barrio. El vicealcalde ha prometido al vecindario que “el jardín se hará y se hará tan pronto como los plazos legales nos lo permitan”.

Campillo ha querido confirmar a los vecinos que “el jardín se construirá porque está en los presupuestos participativos y tiene el compromiso de este gobierno y de este concejal”. Aun así, el vicealcalde ha explicado que “hay que resolver los problemas administrativos de rescindir el presente contrato y, a continuación, volver a licitar las obras”. El concejal afirma que “es muy frustrante para el equipo de gobierno y para el vecindario que se retrase innecesariamente esta obra”.

La Junta de Gobierno Local acordó, en diciembre de 2020, la adjudicación a la empresa Actúa, Servicios y Medioambiente S.L. del contrato para la construcción de un jardín en un solar de la avenida de Juan XXIII. Mediante este contrato, la mercantil se comprometió a construir el parque en un plazo de cuatro meses por un importe de 317.531,46 euros.

El 10 de marzo empezaron las obras. Las visitas de supervisión constataron que el grado de ejecución era insuficiente y que, transcurrido el 42% del plazo previsto, sólo se había ejecutado el 1% de las obras. Además, faltaba la documentación técnica y administrativa para garantizar la seguridad de la obra.

La empresa ha manifestado su oposición a la decisión municipal. Por este motivo, la Junta de Gobierno ha decidido elevar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat valenciana el expediente de resolución del contrato para dirimir la responsabilidad de la empresa constructora, la restitución de los daños que se puedan derivar de su incumplimiento y la posibilidad de prohibir que la empresa vuelva a contratar con cualquier administración pública por un plazo de dos meses.

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