La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido este viernes la redistribución de festivales y eventos musicales por distintos puntos de la ciudad para evitar que recaigan de forma continuada sobre los mismos barrios, después de la reciente sentencia que ampara a vecinos del entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias por los excesos de ruido vinculados a este tipo de actividades.
Durante una visita al inicio de los trabajos de asfaltado de Castellar-l’Oliveral, Catalá ha planteado un modelo más equilibrado para este tipo de citas. La alcaldesa ha explicado que la ciudad debe seguir acogiendo eventos, pero ha recalcado que no pueden concentrarse todos en un mismo punto. En este sentido, ha apostado por repartir la actividad para compatibilizar la celebración de festivales con el derecho al descanso de los vecinos.
La regidora se ha pronunciado así después de que la Ciudad de las Artes y las Ciencias haya presentado un incidente de ejecución de sentencia y haya solicitado al juzgado que aclare si pueden mantenerse en el recinto aquellas actividades musicales en las que promotores y dirección de la Terraza Umbracle adopten medidas adicionales que permitan garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica.
Sobre este movimiento, Catalá ha señalado que CACSA ha pedido al juez una mayor concreción sobre el alcance de la resolución judicial y sobre la posibilidad de celebrar algún tipo de festival musical si se implantan medidas correctoras eficaces. La alcaldesa ha considerado conveniente que esa cuestión se resuelva con rapidez para aportar certidumbre sobre si existe margen o no para organizar este tipo de eventos en ese espacio bajo nuevas condiciones.
Mientras esa aclaración judicial se produce, el Ayuntamiento ha confirmado que parte de la programación prevista ya se está desplazando a otros recintos. Catalá ha indicado que los actos previstos en el marco de los Gay Games han sido reubicados y que ya se ha trasladado un concierto a Marina Nord, en una línea que, según ha defendido, busca aliviar la presión sobre los vecinos del entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias incluso antes de que se resuelva el incidente de ejecución.
En cualquier caso, la alcaldesa ha insistido en que el consistorio hará cumplir la ordenanza municipal de contaminación acústica y velará por los derechos fundamentales de los residentes. Ha recordado además que la sentencia es ya ejecutiva y que no puede paralizarse ni siquiera aunque se presente recurso, por lo que la prioridad municipal pasa por vigilar el cumplimiento de la normativa mientras se define el alcance exacto de las posibles medidas correctoras.
Catalá también ha precisado que, al estar gestionado el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias por la Generalitat, corresponde a la Policía adscrita realizar las mediciones acústicas, aunque ha garantizado la colaboración de la Policía Local en esa tarea. Según ha explicado, el papel del Ayuntamiento se centra en la vigilancia y en exigir que cualquier evento respete los límites de ruido fijados por la ordenanza.
La alcaldesa ha añadido que, si el juez aceptara la aplicación de medidas que reduzcan el impacto acústico y garanticen el cumplimiento de la norma, esa sería una posibilidad a estudiar. En cambio, si esa reducción no queda acreditada o no resulta suficiente, ha subrayado que la ordenanza deberá aplicarse en sus propios términos.
Con este escenario abierto, el Ayuntamiento mantiene como línea de actuación la reducción del impacto sobre los vecinos y la búsqueda de una distribución más equilibrada de los grandes eventos musicales en la ciudad, en un momento en el que la sentencia sobre CACSA obliga a revisar el modelo seguido hasta ahora.
