Una treintena de vecinos del barrio San Jorge de Alfafar denuncia el acoso inmobiliario de Sareb

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Los vecinos del barrio San Jorge de Alfafar denuncian por acoso inmobiliario a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Esta empresa pública amenaza mediante burofaxes y llamadas telefónicas a estas personas con desalojarlos de sus viviendas si no realizan los pagos correspondientes a pesar de tener los contratos en vigor.

SAREBSegún han explicados fuentes municipales, más de treinta personas de Alfafar han recibido una carta enviada por la inmobiliaria Hipoges, gestora de Sareb, donde estos afirman que los vecinos no están cumpliendo los pagos y deben abandonar las viviendas de forma inmediata.

El bloque de edificios afectado fue comprado por Sareb en agosto de 2020, así pues, desde su adquisición, los vecinos no han parado de recibir cartas por falta de pago, aunque los alquileres siguen en vigor y todos los pagos están al corriente.

Los vecinos, hartos de recibir cartas y burofaxes por impagos falsos, han presentado una petición a la Conselleria para detener este acoso. Los afectados cuentan con la ayuda del ayuntamiento de Alfafar y lo pondrán en conocimiento del Síndic de Greuges, defensor del pueblo en la Comunitat Valenciana

Además, la denuncia ha sido supervisada por la abogada de servicios sociales  del Ayuntamiento de Alfafar que ha organizado diferentes reuniones con los afectados y ha ofrecido asesoramiento a los afectados con la ayuda del equipo de abogados de El Rogle y con la abogada de los servicios sociales, según ha afirmado Fina Carreño, concejala responsable del Ayuntamiento de Alfafar.

El ayuntamiento de Alfafar afirma que no se puede consentir este acoso, ya que además de que los contratos siguen vigentes, el Gobierno de España está activando protocolos para poner fin a la crisis de acceso a la vivienda, algo que se contradice con los actos realizados por Sareb.

El alcalde de Alfafar Juan Ramón Adsuara ha censurado que “nuestros vecinos están sufriendo un acoso absolutamente innecesario, las empresas públicas deberían revisar sus protocolos porque si no predicamos con ejemplo, ¿quién lo hará?”.

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