La asociación Un Torrent de Dones ha solicitado al Ayuntamiento de Torrent que apruebe una ordenanza municipal contra la prostitución que sancione a los clientes y proteja a las mujeres víctimas de explotación sexual.
La entidad ha registrado esta semana su petición coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. En el documento reclama que el consistorio asuma, dentro de sus competencias, “un papel activo, comprometido y transformador ante la realidad de la prostitución y la explotación sexual” en Torrent.
Un Torrent de Dones sostiene que la prostitución no puede considerarse una actividad aislada, sino “una realidad compleja que afecta a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a la convivencia, a la seguridad y a los derechos humanos más fundamentales”.
La asociación advierte de que en la mayoría de los casos está vinculada a situaciones de vulnerabilidad extrema, pobreza y trata de seres humanos. También señala que actualmente existen en Torrent mujeres que son víctimas de explotación sexual y de esta forma de violencia machista.
Sancionar la demanda sin perseguir a las mujeres
La propuesta plantea que la futura ordenanza actúe tanto sobre la prostitución ejercida en espacios públicos como sobre la que se desarrolla en ámbitos privados. La entidad reclama que la normativa persiga el negocio y sancione la demanda y a los clientes de prostitución.
La asociación insiste en que las sanciones no deben dirigirse contra las mujeres ni contribuir a su estigmatización, al considerar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y explotación.
El planteamiento coincide con el modelo aplicado en otros municipios de l’Horta. En 2024, los nueve ayuntamientos de l’Horta Sud que ya disponían de una ordenanza contra la prostitución animaron al resto de localidades de la comarca a adoptar esta herramienta. En estas normativas, el cliente constituye el principal objeto de las sanciones.
Municipios como Albal, Benetússer y Quart de Poblet cuentan con regulaciones de este tipo. La ordenanza de Benetússer, por ejemplo, estableció sanciones de hasta 3.000 euros para clientes e intermediarios, mientras que Albal también acordó endurecer las multas para los usuarios de prostitución.
Un plan para ayudar a abandonar la prostitución
Un Torrent de Dones considera que la aprobación de la ordenanza debe ir acompañada de un plan municipal de protección que ofrezca alternativas integrales a las víctimas.
La propuesta incluye programas de apoyo psicológico, asesoramiento jurídico e inserción laboral, residencial y formativa. El objetivo sería acompañar a las mujeres durante el proceso de abandono de la prostitución y facilitarles recursos para desarrollar un proyecto de vida independiente.
La asociación plantea que estas medidas se desarrollen en coordinación con la Generalitat Valenciana, la Mancomunitat de l’Horta Sud, que puso en marcha un plan abolicionista contra la trata y la explotación sexual, y las entidades sociales especializadas.
La petición se enmarca en la campaña de sensibilización promovida por la plataforma Dones de l’Horta Sud en los municipios de la comarca que todavía no cuentan con una ordenanza específica.
