El Consell Rector de la radiotelevisión pública valenciana ha aprobado las cuentas anuales de 2022 de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y las consolidadas del grupo a la espera "de la resolución del conflicto sobre el IVA".
En este ejercicio, según la CVMC, la repercusión de este impuesto ha sido de 10.447.106 de euros, incluyendo parte de los posibles intereses de ejercicios anteriores y el resultado consolidado aprobado por el Consell Rector es de -79.639.876 de euros, de los que se tiene que descontar esa cantidad aportada por la Generalitat Valenciana de 70.608.600.
La corporación autonómica ha explicado que "la AEAT no ha mantenido siempre los mismos criterios respecto de la deducibilidad del IVA soportado por todos los medios de comunicación públicos autonómicos de España y RTVE" y ha recordado que en 2017 y 2018, se dio la razón al ente público al considerar deducible el IVA, aunque posteriormente, la misma agencia cuestionó el derecho al 100 % de la deducción.
Según la Agencia Tributaria, el impacto total de las regularizaciones practicadas por la Inspección en la CVMC y la SAMC relativa a los ejercicios del 2016 a enero del 2022 asciende a 41.671.402 de euros.
El ente público, "no conforme con estos acuerdos de liquidación", interpuso reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunitat Valenciana, y estas se encuentran actualmente pendientes de resolución.
Desde la CVMC han resaltado que "la Inspección consideró que no existen indicios de la comisión de ninguna infracción tributaria y, por tanto, no inició procedimiento sancionador contra las entidades".
Asimismo, han indicado que "las radiotelevisiones públicas de España, incluida RTVE, se enfrentan a la misma situación, que ha derivado en regularizaciones similares a las practicadas a la radiotelevisión valenciana".
En el caso de À Punt, en el artículo 52 de las Leyes de Presupuestos de los años 2021 y 2022 se previó la asunción de "las mayores obligaciones tributarias sobrevenidas de la CVMC y de la SAMC" y, según la Corporació, "la complejidad para encontrar un mecanismo financiero para llevar a cabo el artículo 52 ha generado problemas puntuales de tesorería, en ningún caso un efecto imputable a la gestión interna".
En situaciones similares, según las citadas fuentes, otras televisiones autonómicas "han afrontado la situación con un aumento de su presupuesto por parte de la Administración".
En estos momentos, el conflicto se encuentra todavía en vía judicial, a la espera de la resolución de los recursos planteados por las entidades afectadas, y la FORTA defiende en este litigio los intereses de las televisiones autonómicas, incluida la valenciana.
