El magistrado Alberto Jarabo Calatayud, titular de la plaza número 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, ha acordado remitir al Tribunal Supremo la causa que investiga presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con la construcción de una piscina municipal de Alboraya sobre terrenos protegidos situados en el término municipal de València. El objetivo es que el Alto Tribunal determine si procede investigar a la exvicealcaldesa de València y actual eurodiputada socialista Sandra Gómez.
Según una nota de prensa del despacho Soriano i Piqueras, que representa a una de las acusaciones personadas en el procedimiento, el magistrado ha dictado un auto fechado el 22 de octubre de 2026 por el que acuerda elevar la totalidad de las actuaciones al Tribunal Supremo, acompañadas de una exposición razonada, debido a la condición de aforada de Gómez.
La investigación tiene su origen en la construcción de una piscina municipal al aire libre promovida por el Ayuntamiento de Alboraya en terrenos pertenecientes al municipio de València, clasificados como suelo no urbanizable de protección agrícola de huerta.
De acuerdo con la información facilitada por el despacho, la resolución judicial señala que las obras se ejecutaron sin la correspondiente licencia urbanística y sobre suelo especialmente protegido. El magistrado considera que existen indicios suficientes para no descartar, en esta fase procesal, la posible comisión de infracciones penales relacionadas con los artículos 319 y 320 del Código Penal, referidos a delitos contra la ordenación del territorio y a determinadas actuaciones de autoridades y funcionarios públicos en materia urbanística.
La causa examina tanto la actuación de responsables del Ayuntamiento de Alboraya en la ejecución de las instalaciones como la posible falta de intervención de responsables municipales de València para garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística.
Uno de los aspectos que recoge la exposición razonada, según la nota de prensa, es la distribución de competencias en el Ayuntamiento de València durante el mandato municipal de 2019 a 2023. En ese periodo, el entonces alcalde Joan Ribó había delegado en Sandra Gómez determinadas atribuciones relacionadas con la disciplina urbanística, entre ellas la paralización de obras sin licencia y la adopción de medidas para restaurar la legalidad.
El magistrado plantea que esa distribución de responsabilidades debe ser examinada para determinar si la eventual falta de ejercicio de dichas competencias pudiera tener relevancia penal.
La resolución también aborda la posible responsabilidad de Joan Ribó, al considerar que la delegación de competencias no excluye necesariamente los deberes legales correspondientes a la alcaldía.
Por ello, el juez propone que el Tribunal Supremo valore la posibilidad de asumir también las actuaciones relativas al exalcalde de València y a los restantes investigados, atendiendo a la conexión que podría existir entre las conductas examinadas.
La decisión de remitir el procedimiento no supone, por sí misma, que el Tribunal Supremo haya acordado investigar a Sandra Gómez ni que haya asumido la totalidad de la causa. Corresponderá a la Sala de lo Penal resolver sobre su competencia y determinar el alcance de las actuaciones que, en su caso, proceda practicar.
En el procedimiento está personada desde febrero de 2025 la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED), representada por el despacho Soriano i Piqueras. La entidad considera que la resolución constituye un avance en el esclarecimiento de las posibles responsabilidades relacionadas con la construcción de las instalaciones deportivas.
La investigación continúa abierta y las eventuales responsabilidades penales deberán determinarse en el correspondiente procedimiento judicial, con pleno respeto a la presunción de inocencia de las personas afectadas.
