En las últimas semanas, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un paquete de deducciones fiscales que, según el Consell, busca aliviar la carga económica de miles de familias valencianas. Se trata de medidas que incluyen rebajas en el IRPF autonómico, deducciones por hijos, por conciliación, por gastos educativos y por inversión en vivienda habitual. Sin duda el Ejecutivo busca con estas iniciativas responder a una prioridad clara: proteger a las rentas medias y bajas en un contexto económico todavía incierto.
Estas deducciones sitúan a la Comunitat Valenciana entre las autonomías con mayor esfuerzo fiscal a favor de las familias, ya que, en un momento de inflación persistente y encarecimiento de la vida, la administración autonómica está poniendo los medios para que los ciudadanos dispongan de más recursos y puedan afrontar con mayor tranquilidad su día a día.
Mientras tanto, los ciudadanos contemplamos con indignación como el Gobierno central ha optado por una estrategia fiscal diferente. Así pues el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha impulsado medidas que, en la práctica, suponen un incremento de la presión fiscal a través de nuevas figuras impositivas y ajustes en tributos ya existentes. Algunos informes publicados en prensa señalan que España se encuentra entre los países europeos donde más ha crecido la recaudación tributaria en los últimos años, lo que ha alimentado el debate sobre si el esfuerzo fiscal está recayendo de forma excesiva sobre familias y autónomos.
En este contraste de modelos —uno autonómico que apuesta por la rebaja y otro estatal que incrementa ingresos— se ha centrado buena parte del debate político valenciano. Portavoces del ámbito económico y social han subrayado que las deducciones aprobadas por la Generalitat pueden suponer un alivio real para miles de contribuyentes, especialmente en comarcas donde el coste de la vida ha aumentado sin que los salarios hayan seguido el mismo ritmo.
También se ha destacado que estas medidas buscan reforzar la competitividad de la Comunitat Valenciana, atraer inversión y favorecer la estabilidad de las familias jóvenes, uno de los colectivos más afectados por la situación económica actual.
Además, se ha demostrado que en la Comunitat Valenciana se ha recaudado más bajando los impuestos, porque ha permitido una mayor actividad económica, como ha puesto de manifiesto la propia Agencia Tributaria en su informe sobre la recaudación fiscal en las distintas comunidades autónomas, lo cual es importante para el sostenimiento de los servicios públicos en nuestra Comunitat, tan castigada por la infrafinanciación a que nos tiene sometida el Gobierno socialista.
En definitiva, mientras el Gobierno central continúa defendiendo una política fiscal orientada a incrementar la recaudación, no hay que olvidar que desde 2018 Sánchez ha subido 140 veces los impuestos y las cotizaciones, la Generalitat Valenciana ha optado por un camino distinto: reducir la carga impositiva y devolver a los ciudadanos parte del esfuerzo que realizan cada año. Así pues cada español paga con Sánchez 3650 euros más al año, mientras los alimentos básicos han subido un 43%, la vivienda un 65% en compra y un 51% en alquiler, los transportes están saturados y viajar en tren es toda una aventura, pero lo más grave es el colapso de nuestra sanidad con los profesionales en huelga por la gestión nefasta de la ministra Mónica García, líder de Sumar-Compromís.
Por eso es necesario bajar el IRPF a las rentas medias y bajas, bajar el IVA de los alimentos básicos para que llenar la nevera no sea un lujo, eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros como nos exige Europa y Sánchez se ha negado a hacerlo. Además, los jóvenes y las familias numerosas deberán tener una ayuda preferente e la bonificación del IRPF para ayudar en la emancipación y en la conciliación respectivamente.
Será el tiempo quien determine qué modelo resulta más eficaz, pero lo que sí parece claro es que las familias valencianas están notando en su bolsillo la diferencia entre una estrategia y otra. Porque es justo que los ciudadanos paguemos lo justo, ya que es una obligación moral que se alivie la carga impositivo que sufrimos en España, y que podamos afirmar que trabajar y emprender merece la pena sin que muchos sientan que es mejor vivir subvencionado.
[ Fernando de Rosa | Diputado nacional del PP por Valencia | @fernandoderosa4 ]
