“En este mismo momento, la Diputación asume las competencias de Divalterra SA”. Con esta frase del presidente Toni Gaspar ha finalizado el pleno extraordinario que ha aprobado el acuerdo histórico para el traspaso del personal de la hasta ahora mercantil al Consorcio Provincial de Bomberos de València y la propia Diputación, tras lo cual se procederá a la disolución de la antigua Imelsa, hoy Divalterra. El pleno ha dado luz verde al dictamen con los votos a favor del equipo de gobierno y La Vall ens Uneix, mientras el resto de la oposición ha votado en contra.
En su primera intervención en la sesión extraordinaria celebrada en la Beneficència, Toni Gaspar ha agradecido “el trabajo incansable de los habilitados nacionales y la implicación de los trabajadores de la empresa para tomar una decisión trascendental 30 años después de su creación, de la mano de la ley y ajenos al ruido de quienes no han sabido o no han querido aportar nada para garantizar el futuro de estas personas, trabajadores de la Diputación, y que nadie en adelante les increpe por la calle por el hecho de pertenecer a una empresa con una oscura reputación heredada”.
El dictamen aprobado este viernes acuerda la asunción y continuación de todas las funciones de Divalterra por parte de la Diputació de València. Por un lado, se solicita al Consorcio Provincial de Bomberos que asuma la gestión directa del servicio de prevención de incendios forestales que realizan los brigadistas, cuyo coste financiará íntegramente la corporación provincial; por otro, el resto del personal de Divalterra será transferido a la propia corporación provincial que, respetando los derechos de los trabajadores, podrá reorganizar los servicios para integrarlos en la institución. Los liquidadores continuarán gestionando las funciones que asumirán el Consorcio y la Diputación hasta la fecha de aceptación efectiva del traspaso de competencias.
Tras la aprobación del dictamen en el pleno extraordinario, todos los trabajadores tanto de la Diputación como de Divalterra han recibido un correo electrónico con el histórico documento, elaborado por los técnicos de la corporación. El envío incluye un adjunto con un texto del presidente Gaspar en el que informa al personal de la institución de la apertura de “un nuevo período donde primará únicamente la estabilidad laboral de los trabajadores y el óptimo desarrollo de sus funciones”.
La misiva anima a todas las áreas de la Diputación y en especial a la plantilla de Divalterra a “seguir trabajando de manera conjunta para conseguir el único objetivo común, que es acabar con una situación insostenible durante décadas y dar tranquilidad, protección y futuro a más de 600 trabajadores”.
“Un gran día para la Diputación”
El debate previo a la votación del dictamen ha avanzado el rechazo del PP, Ciudadanos y Vox a un acuerdo histórico que en su opinión se adopta “con excesivas prisas y sin unanimidad”. La portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, pidió dejar el documento encima de la mesa al considerar que el informe de los técnicos no se subió a tiempo a la plataforma digital de la Diputación, y anunció un recurso de reposición para reclamar la nulidad del acto pese a que el secretario de la corporación aclaró la validez del proceso y la procedencia de la votación.
En la misma línea se manifestó el portavoz popular, Vicent Mompó, para quien la motivación de este acuerdo de disolución de Divalterra “es política” y genera “una tensión innecesaria a los trabajadores”. Para Mompó, “no se puede cerrar una empresa investigada por la Fiscalía y Antifraude”. También votó en contra del dictamen el diputado de Vox Joaquín Ales por las “dudas que plantea la extinción y las posibles razones políticas ante la mala reputación de la empresa”, aunque matizó previamente que “no soy quien para contradecir un informe técnico de Secretaría ni adivino para saber si la solución planteada es la más oportuna”.
Los votos favorables al dictamen llegaron de parte del equipo de gobierno y La Vall ens Uneix, cuyo diputado Joan Sanchis valoró el informe de los habilitados nacionales para “respetar el espíritu fundacional de la empresa, a través de la incorporación de sus trabajadores al Consorcio y la Diputación con un estudio posterior de cada situación personal”.
En representación de Compromís intervino Xavier Rius, quien empezó asegurando que “las valencianas y valencianos deben estar contentos porque este es un gran día para la Diputación y la mayoría de los trabajadores de Divalterra”. “Nos encontramos una empresa con la UCO encima y una imagen abominable y, pese a intentar dignificarla, en 2018 tuvimos que anunciar su cierre ordenado y estudiar todas las alternativas con reiterados informes de las personas que saben”, ha explicado Rius, para quien “era imposible garantizar el buen funcionamiento con la figura jurídica actual”.
El vicepresidente Carlos Fernández Bielsa, en representación del PSPV, ha rechazado “jugar en el barro entrando en la dinámica del ruido y la crispación”. Bielsa ha celebrado el “gran acuerdo de futuro que se ha aprobado por unanimidad en tres mesas de negociación y que ha tenido el apoyo sin fisuras de los habilitados nacionales”. Para el diputado socialista, “no ha habido ninguna prisa, solo informes y un acuerdo sin ninguna duda jurídica para aportar soluciones a problemas heredados y garantizar el futuro y la dignidad de estos trabajadores de la Diputación”.
El presidente, Toni Gaspar, ha tomado de nuevo la palabra para cerrar la sesión y ha insistido en la importancia de un acuerdo histórico que exigía “altura de miras” y al que se ha llegado “de la mano de los técnicos, los trabajadores y la ley”. Gaspar ha lamentado “tanto tiempo perdido”.
Junta General
Tras la sesión extraordinaria, el pleno de la Diputación se ha constituido en Junta General de Divalterra y ha aprobado, sin ningún voto en contra, las cuentas anuales y el informe de gestión de 2020. A continuación, la misma Junta ha celebrado una sesión extraordinaria solicitada por el PP, Ciudadanos y Vox para dar cuenta de la situación procesal y laboral del jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, en la que el secretario del Consejo de la empresa y de la Diputación, Vicente Boquera, ha dado respuesta a la solicitud de los grupos de la oposición.
