La alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, argumentó para no votar el requerimiento del Delegación de Gobierno de anular el acuerdo plenario de la moción de censura y el acuerdo del 3 de noviembre donde se informó de la nueva distribución de áreas y sueldos su aún pertenencia al grupo municipal popular y que no ha sido expulsada del PP.
Este anuncio realizado el transcurso del Pleno extraordinario solicitado por el PP para debatir del requerimiento realizado por Delegación del Gobierno para que anulara el acuerdo plenario de la moción de censura y el acuerdo del 3 de noviembre donde se informó de la nueva distribución de áreas y sueldos tenía como fin el dejar sin base legal el requerimiento de la Delegación.
García explicó que al no ser expulsad del PP la orden de Delegación del Gobierno que se basaba en la vulneración de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local donde se establece que "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiese correspondido de permanecer en el grupo de procedencia" no tiene base al ser aún miembro del grupo municipal popular.
Esta afirmación fue desmentida de forma categórica por el PP ya que "se le comunicó por escrito su suspensión de militancia, a la espera de ser expulsada". El portavoz popular y ex-alcalde de La Pobla de Farnals recordó a García que existe un informe del 25 de noviembre de la propia secretaria del Ayuntamiento, informe reenviado a su vez a la Delegación de Gobierno, en el que se confirma que ha sido expulsada del grupo municipal popular y también del PP.
Por ese motivo, Peralta, exigió en el Pleno que se anulase “los beneficios políticos y económicos que han tenido los tránsfugas, que han actuado, de esta forma, en contra de la ley". En concreto el acuerdo plenario de la moción de censura y el acuerdo del 3 de noviembre donde se informó de la nueva distribución de áreas y sueldos por el que la nueva alcaldesa pasó de cobrar 35.584 euros a una retribución anual de 41.220 euros, e Ignacio Lluch pasó de tener un sueldo de 13.300 euros a 16.800 euros, además de ver aumentadas sus competencias de gobierno.
Finalmente, el Pleno finalizó sin que existiese una votación, hecho que el PP anunció que comunicara a la Delegación de Gobierno al estimar que el equipo de gobierno está incumpliendo la ley. Según Peralta, este incumplimiento “realizado con una temeridad que asusta” podría tener graves consecuencias legales que podrían acabar, incluso, con la inhabilitación de la alcaldesa y de Llácer para ostentar cargo público.© Hortanoticias
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