Generalitat y Ayuntamiento acuerdan habilitar en Torrent suelo industrial y residencial en zonas seguras tras la dana

Generalitat y Torrent firman un protocolo para habilitar suelo industrial y residencial en zonas seguras tras las pérdidas por la dana

La Generalitat y el Ayuntamiento de Torrent han firmado un protocolo de colaboración para promover dos Planes Especiales Urbanísticos de Reconstrucción (PEUR) con los que habilitar nuevo suelo industrial y residencial en zonas seguras del municipio, tras los graves daños ocasionados por la DANA de octubre de 2024.

Generalitat y Torrent firman un protocolo para habilitar suelo industrial y residencial en zonas seguras tras las pérdidas por la danaEl acuerdo ha sido suscrito por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado. El objetivo es crear suelo finalista que permita reactivar la actividad económica y dar respuesta a la emergencia habitacional, después de que las riadas provocaran la pérdida de viviendas y de parte del suelo industrial del municipio.

Los desarrollos se articularán a través de dos PEUR que descartan la reconstrucción en áreas afectadas por inundaciones y apuestan por reubicar viviendas e industria en emplazamientos considerados seguros. Con ello se pretende garantizar la continuidad del tejido productivo y ofrecer alternativas habitacionales en el área metropolitana sur de València.

El protocolo establece un marco de coordinación administrativa para facilitar la disponibilidad de suelo, sustituir inmuebles que han quedado inhabitables y reordenar el urbanismo con criterios de seguridad y resiliencia. En este contexto, la Generalitat asumirá la tramitación y aprobación de los planes especiales, mientras que el Ayuntamiento de Torrent se encargará de impulsar las iniciativas urbanísticas y de ejecutar las obras de urbanización necesarias.

El acuerdo, de carácter administrativo, tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de ocho, y prevé la creación de una comisión de seguimiento para coordinar las actuaciones y resolver posibles incidencias durante el proceso de reconstrucción.

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