El Ayuntamiento pedirá al Gobierno una nueva Declaración de Impacto ambiental de la ampliación del Puerto

El equipo de gobierno municipal ha defendido este jueves en el Pleno una iniciativa para instar a los ministerios competentes para que evalúen si la posible ampliación del Puerto de València cumple con toda la normativa medioambiental vigente, «y que a la luz de los informes elaborados por diferentes servicios municipales y bajo criterios técnicos consideren la necesidad de elaborar una nueva Declaración de Impacto ambiental (DÍA)», documento oficial en que se valorará las afecciones al medio ambiente de esta actuación.

Esta propuesta, defendida por los portavoces de los Grupos Socialista y Compromís, Sandra Gómez, y Pere Fuset, respectivamente, ha sido aprobada sin el apoyo de los grupos de la oposición, y como alternativa a una moción presentada por el Grupo Ciudadanos «para que la ampliación del puerto es un proyecto que genera progreso».

El alcalde de València, Joan Ribó, que ha hablado de este asunto antes de iniciarse la sesión plenaria ha manifestado que «el Gobierno del Rialto, a pesar de que apuesta por el desarrollo económico de la ciudad, coincide en aquello que es fundamental y es la defensa del medio ambiente de la ciudad así como de la salud de su ciudadanía». El alcalde se ha mostrado favorable a una nueva Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de ampliación Norte, ya que «modifica sustancialmente el proyecto aprobado el año 2007».

En el Hemiciclo el concejal y el portavoz de Ciudadanos, Rafael Pardo y Fernando Giner han solicitado, en los dos turnos de palabra de su grupo, que «el Pleno del Ayuntamiento reitere su compromiso con la construcción de la nueva terminal del Puerto de València, sin oponerse a la ampliación».

En la misma línea se ha manifestado la portavoz del Partido Popular, María José Catalá, que ha hablado «de la incoherencia» de los grupos que conforman la coalición de gobierno municipal, «que han presentado una propuesta que solo habla de la defensa del medio ambiente sin considerar la importancia económica del Puerto».

Por su parte, la portavoz del grupo Socialista, vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ha explicado que «el crecimiento de una ciudad no se puede llevar a cabo a expensas de todo, y al margen de la normativa medioambiental». En alusión a una posible incoherencia política, ha asegurado que «el Gobierno del Rialto piensa que se tienen que revaluar los informes técnicos municipales y que el debate se tiene que desarrollar donde pertenece, en el Ministerio de Medio Ambiente».

Seguidamente, el portavoz de Compromís, el concejal Pere Fuset, ha celebrado que «en el gobierno de coalición del Ayuntamiento de València hay diálogo y acuerdo». «Y lo que está claro es que no se puede hacer nada en esta ciudad sin conocer el coste que implica, y este coste incluye el medioambiental», ha añadido al aclarar que sería grave acometer un obra de esa envergadura sin la seguridad jurídica adecuada».

Los dos concejales han coincidido al explicar que una vez remitido el informe múltiple de los diferentes servicios municipales sobre la materia a la Autoridad Portuaria, como respuesta a su petición de informe ante la construcción y explotación en régimen de concesión administrativa de la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València, «el equipo de gobierno ha acordado remitir también este expediente a los ministerios competentes, y manifestar que esta tendrá que cumplir con toda la normativa medioambiental vigente, por lo cual solicita a la luz de estos informes y bajo criterios técnicos que evalúan la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental».

Según la propuesta defendida y aprobada por el Gobierno del Rialto, también «se rechaza un modelo de crecimiento depredador con el medio ambiente como el que impulsaron las anteriores administraciones valencianas y se insta a la Autoridad Portuaria de València que cualquier infraestructura estratégica que se implante, aplique medidas correctoras y compensatorias de sus posibles externalidades negativas, promoviendo en todo caso una actividad sostenible del puerto de València que haga que su desarrollo atienda los criterios esgrimidos por la Unión Europea y conjugue la creación de riqueza económica y ocupación con la lucha contra el cambio climático».

Finalmente, conforme esta propuesta, «el Pleno ha instado a todas las administraciones competentes a vigilar por el estricto cumplimiento de las normas, evaluando las consecuencias que cualquier obra a ejecutar y su consecuente explotación puedan provocar en el medio ambiente de la ciudad, vigilando por eso de manera exhaustiva la aplicación de las medidas correctoras que puedan derivarse de la ejecución de estas».