El gran aumento de los alquileres en la ciudad de Valencia ha llevado a que el ayuntamiento adquiera una actitud proactiva para huir del gran problema a largo plazo que tendría el acceso a la vivienda, como ocurre por ejemplo en Madrid o Barcelona.
El nuevo plan
Mientras que el Ministerio de la Agenda Urbana decidió dar el último paso para establecer una regulación del mercado de alquiler (medida que es acogida con satisfacción por el equipo de gobierno valenciano), el Ayuntamiento decidió avanzar en la creación de un parque de vivienda pública lo suficientemente coherente como para que el alquiler municipal influya en el mercado inmobiliario.
Para ello, el ayuntamiento volvió al plan anterior, el cual consistía en la construcción de viviendas sociales (VPO) para posteriormente venderlas a unos precios bastante bajos.
Durante el mandato anterior, se decidió que cualquier promoción iniciada directamente por el ayuntamiento sólo podía ser utilizada para fines de alquiler. Ni la venta directa ni la fórmula mixta que ahora da dolores de cabeza al equipo de gobierno: alquiler con opción a compra.
La actualidad
En la actualidad, el ayuntamiento posee un total de 598 viviendas, de las cuales 473 serían de alquiler, dos de venta y 123 de alquiler, pero con opción de compra, lo que significaría que, si los inquilinos ejercieran su derecho, las viviendas abandonarían definitivamente el parque público.
"Hemos cerrado la puerta para promover la venta de viviendas sociales. La idea es que las viviendas se pongan en alquiler y permanezcan en manos del municipio. Podríamos crear un parque público lo suficientemente grande para que los precios estipulados por el ayuntamiento influyan en el libre mercado", explican fuentes del departamento de urbanismo que dirige Sandra Gómez.
¿Qué debe pasar para que el nuevo plan funcione?
Para que el plan funcione, se necesita un esfuerzo de inversión considerable, ya que se espera que el parque de viviendas sociales supere con creces las 473 unidades actuales.
En Aumsa, la empresa municipal de urbanismo, ya se informa de la construcción de 327 nuevas viviendas con financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Todas ellas estarían en el mercado de alquiler y llevarían el parque de viviendas municipales a casi un millar, ya que sería posible promover más viviendas sin la ayuda del BEI.
En la misma línea, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de exigir una reserva del 30% para el VPP en los PPI que se desarrollen. El 10% estaría en manos del municipio y el resto en manos del promotor, que podría venderlo en las condiciones establecidas por la administración.
En esta dirección, con el fin de conseguir más viviendas públicas en el mercado, también se está moviendo, de hecho, el Ministerio de Vivienda, encabezado por la alcaldesa Isabel Lozano, ya ha empezado a trabajar en un concurso.
Este tiene el objetivo de regular la cesión de ocho terrenos municipales a cooperativas para la construcción de viviendas. Los adjudicatarios dispondrán de las viviendas resultantes durante un período de tiempo determinado. Al final del período de construcción, las casas revertirán al consejo municipal, que dispondrá de nuevos recursos para influir en el mercado.
Ya dando los primeros pasos
Los servicios inmobiliarios profesionales están dando ahora los primeros pasos para poder iniciar la construcción de edificios municipales después de una legislatura en vigor en la que Valencia en Comú (la plataforma Podemos) no ha podido poner en marcha ninguna promoción a pesar de la asignación de fondos en los presupuestos para este fin.
Si el actual equipo de gobierno quiere que su plan funcione, tendrá que aumentar su parque de viviendas públicas, que ya es muy frágil.
