El Ayuntamiento de Valencia ha impuesto 138 multas a viviendas de uso turístico por incumplir los requisitos legales para operar. Las sanciones superan en conjunto los 1,5 millones de euros, según el balance municipal de los últimos dieciocho meses.
Desde que asumió la competencia sancionadora en marzo de 2025, el consistorio ha abierto 283 expedientes. De ellos, 138 han terminado en resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa. La mayor parte de las infracciones se deben a que las viviendas no reunían los requisitos esenciales exigidos para ejercer la actividad turística.
Más de 1,7 millones liquidados antes de las bonificaciones
La normativa contempla multas de entre 10.001 y 100.000 euros para este tipo de infracciones graves. Según el Ayuntamiento, el importe liquidado supera los 1,7 millones de euros antes de aplicar, en algunos casos, la bonificación legal del 50%. La recaudación efectiva alcanza por ahora los 461.540 euros.
El resto de los expedientes abiertos fue archivado tras las comprobaciones municipales, bien porque no se apreció una infracción o porque los hechos quedaban fuera de la competencia delegada al Ayuntamiento.
Además, el consistorio ha enviado un centenar de comunicaciones al Servicio Territorial de Turismo para solicitar la baja del registro autonómico de viviendas inscritas que no ejercían realmente una actividad turística.
Dos sanciones confirmadas por los tribunales
De las 18 resoluciones recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, dos cuentan ya con sentencia firme. Ambas desestiman los recursos y confirman las multas municipales: una de 10.001 euros y otra de 30.000 euros. Según el Ayuntamiento, las dos sanciones han sido cobradas en su totalidad.
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha advertido de que quien opere de forma ilegal “se va a encontrar con todo el peso de la ley en forma de expedientes municipales y elevadas sanciones económicas”. “Operar al margen de la ley sale muy caro”, ha añadido.
El Ayuntamiento señala que estas multas se suman a las órdenes de cese de actividad y a la normativa urbanística en vigor desde el 25 de mayo, que establece límites a la concentración de viviendas turísticas y condiciones más estrictas para nuevas aperturas.
