Compomís critica la lentitud municipal para pedir la retirada de los residuos tóxicos y peligrosos de una empresa en concurso de acreedores

Compromís per Paterna tras conocer la información sobre el decreto firmado por la regidora de Sostenibilidad, María Villajos, calificó de “lamentable” que “hayan de transcurrir un mínimo de 15 días para que se tomen medidas que impidan el acceso de personas al recinto dónde se depositan los residuos peligrosos de la empresa Viviar”.
El concejal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, explica que “hoy hemos tenido acceso a un escrito, entregado el 24 de julio por registro de entrada y que no consta en el expediente consultado, donde el propietario es quien ofrece el presupuesto del gestor de residuos y dónde también admite que no podrá hacer frente a la retirada dada la situación de concurso de acreedores”.

Ramón explicó que “el Ayuntamiento ordena al propietario dicha retirada, a sabiendas de que no lo va a hacer, lo cual garantiza que los residuos permanecerán allá durante un mínimo de 15 días, período en el que ni el propietario ni el Ayuntamiento tienen la obligación de hacer nada, según el decreto firmado por María Villajos”.

“Según el mismo escrito del propietario, con la disponibilidad del gestor y el compromiso notarial de devolver el dinero, la retirada de los residuos ya se hubiera podido efectuar. Eso sí, siempre que dispusiéramos de 25.000 €. Desgraciadamente la mala gestión económica perjudica a la ciudadanía, dejándola sin proteger ante el peligro tóxico que tenemos en La Andana. Una administración no puede permitirse el lujo de no tener dinero para imprevistos graves como este”, según el concejal Ramón.

Compromís exigue al consistorio que “aplique las medidas urgentes y cautelares que evitarían riesgos para la salud y el medio ambiente. Sobre todo cuando la seguridad de las personas es una competencia municipal. Hablamos de medidas sencillas y que no implican gastos astronómicos, como el precintado de las instalaciones y señalización advirtiendo de los riesgos tóxicos y del elevado peligro de incendio”.

Para Ramón, “la situación sobre el abandono que hay en las instalaciones de Laboratorios Viviar es de peligro extremo. Y en vez de refugiarse en si es competencia municipal, autonómica o del propietario, el ayuntamiento conociendo que hay un depósito ilegal e incontrolado de productos y residuos tóxicos y peligrosos está obligado a instar de oficio a la Fiscalía, para que esta derive las responsabilidades”.