El caso Ábalos-Koldo-Aldama no es una resolución más en el interminable calendario judicial de la política española. Es una radiografía severa de cómo el poder puede degradarse cuando un ministerio se convierte en una oficina de favores y agencia de colocación; cuando una agenda pública se transforma en una red de contactos privados y una emergencia nacional en una oportunidad de negocio.
A principios del mes de mayo pude escuchar, de viva voz, y en primera persona en el Tribunal Supremo el “visto para Sentencia”. Habíamos estado más de un mes en un juicio inédito para la democracia española. Un ministro se jugaba 24 años de prisión por comportamientos presuntamente delictivos.
Hoy lo presunto, ya es condena. Una condena unánime votada por los siete magistrados que conforman el pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ni un solo voto particular de ningún magistrado, nadie que discrepe. No hay voto particular alguno donde la Moncloa pueda agarrarse para convertir la condena, en una duda política.
Ahora ya no hablan los tertulianos, aquí quien habla es el Tribunal Supremo. Aquí no hay relato periodístico: hay hechos probados. No hay ruido mediático: hay condenas. No hay conspiración contra nadie: hay dinero, contratos, favores, comisiones y nóminas públicas pagadas sin trabajo real.
A la política de favores se le sentó en el banquillo y ha sido condenada. No eran favores sueltos, era una tarifa plana de corrupción.
El Tribunal Supremo deja claro que “no todo vale”. Quien la hace la paga, aunque sea ministro o asesor del ministro.
Tampoco el poder público es una red clientelar. A cualquier ciudadano se le exige mérito, capacidad y cumplimiento. Aquí bastó un “sí, lo arreglo.” El precio penal de convertir el poder en favor ha quedado claro. Un ministerio no es un cortijo y el Supremo desmonta la coartada
Aldama no queda inocente, ni absuelto. Sale condenado, aunque beneficiado por su colaboración. Que no entre en prisión no lo absuelve, lo retrata penalmente como condenado colaborador. Que Aldama no tenga obligación de devolver lo obtenido ilícitamente, es para que los políticos vayan pensando en modificaciones legislativas. Ahí lo dejo.
Me quedo con un dato. Durante años se intentó convertir los hechos en relatos, las pruebas en conspiraciones y las investigaciones en persecuciones. Pero las sentencias tienen una virtud que no tienen los eslóganes: ponen fin a la propaganda. Se les acabó la consigna de moda de apelar al ‘lawfare’. La corrupción podrá intentar disfrazarse de amistad, de lealtad, o de oportunidad política, pero el caso mascarillas ahora solo tiene un nombre, y ese nombre es sentencia condenatoria.
[ Mamen Peris | Abogada | @mamen_peris ]
