La Unió Llauradora i Ramadera ha puesto en marcha la creación de un colectivo de propietarios afectados por el futuro corredor estatal de transporte de hidrógeno, una infraestructura que atravesará 13 municipios de l’Horta, además de la ciudad de València.
La organización agraria pretende defender unas expropiaciones transparentes, unas indemnizaciones ajustadas al valor real de las explotaciones y la protección de las parcelas agrícolas que puedan verse afectadas por las obras, cuya construcción y adaptación está prevista entre 2028 y 2029.
El proyecto contempla un trazado de 393 kilómetros en la Comunitat Valenciana y pasará por un total de 100 municipios de Castellón, Valencia y Alicante. La infraestructura forma parte del denominado ‘Eje Levante’ de la Red Troncal Española de Hidrógeno, promovida por Enagás.
Los 13 municipios de l’Horta incluidos en el trazado
El corredor atravesará los municipios de Aldaia, El Puig, Godella, Manises, Massamagrell, Moncada, Museros, Paterna, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Rafelbunyol y Torrent.
A estos municipios de l’Horta se suma València, también incluida entre las 54 localidades de la provincia por las que discurrirá la infraestructura.
No obstante, LA UNIÓ señala que buena parte del recorrido no requerirá nuevas expropiaciones, ya que está previsto aprovechar o adaptar conducciones existentes que transcurren paralelas a la actual red de transporte de gas natural.
Según la organización agraria, desde la entrada del corredor por Cataluña hasta la zona de Montesa y Albaida, así como desde el eje Tibi-Xixona hasta la Región de Murcia, se prevé utilizar buena parte de la infraestructura ya existente.
Las principales actuaciones expropiatorias se concentrarían previsiblemente en el tramo comprendido entre el entorno de Montesa y Albaida y el eje Tibi-Xixona.
Indemnizaciones ajustadas al valor de cultivos y explotaciones
La Unió considera que la implantación de infraestructuras estratégicas para la transición energética debe ser compatible con la protección del sector agrario y del territorio. La organización recuerda que las explotaciones agrícolas constituyen un patrimonio productivo, económico y medioambiental esencial para las zonas rurales valencianas.
Con este objetivo, mantendrá una interlocución directa con la empresa promotora para exigir que todo el proceso se desarrolle con las máximas garantías.
Entre sus principales reivindicaciones se encuentran el pago de indemnizaciones calculadas mediante criterios técnicos y agrarios que tengan en cuenta el valor real de las explotaciones, los cultivos y los daños causados.
También solicitará que durante las obras se garantice el acceso a las parcelas, se mantengan las infraestructuras de riego y se reduzcan al mínimo las afecciones sobre el normal desarrollo de la actividad agrícola.
Una vez finalizados los trabajos, reclamará la correcta restauración de los terrenos, incluida la reposición de la tierra vegetal, la retirada de residuos y la recuperación de la capacidad productiva de las parcelas.
“La modernización energética no debe hacerse a expensas del campo”
La Unió sostiene que “la modernización energética no debe hacerse a expensas del campo valenciano” y reclama que cualquier infraestructura de interés general incorpore criterios de sostenibilidad social y territorial.
La organización pide a las administraciones públicas que velen por un procedimiento expropiatorio transparente, con valoraciones objetivas y compensaciones suficientes que eviten pérdidas irreparables para las explotaciones afectadas.
La Unió ha hecho un llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el trazado para que se incorporen al colectivo y puedan defender conjuntamente sus derechos durante todo el proceso.
La entidad ofrecerá asesoramiento técnico y jurídico a los afectados y continuará informando sobre la evolución del proyecto para evitar que ningún propietario quede desprotegido frente a la Administración o la empresa promotora.
