Los trabajadores y trabajadoras en fraude de ley del IVASS protestan contra el RD anunciado por Montero

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Este miércoles hemos asistido a un anuncio a bombo y platillo por la ministra María Jesús Montero sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno con sus socios parlamentarios para reducir la temporalidad en las administraciones públicas del 30% actual al 8%.

En esencia, el gran titular lanzado a la opinión pública es que los interinos con más de 10 años de antigüedad podrán quedarse la plaza que ocupan sin necesidad de pasar la fase de oposición, sino únicamente un concurso de méritos. En principio, el anuncio parece el final de un largo peregrinaje que ha tenido en vilo a miles de trabajadores y trabajadoras cuyo futuro laboral a corto plazo era más que incierto.

Pero la letra pequeña del anuncio ya matiza la gran afirmación lanzada a los cuatro vientos, por cuanto la última palabra en este punto concreto la tendrá siempre cada administración autonómica, tal y como la propia ministra ha reconocido: "Les corresponde en exclusiva a las administraciones autonómicas o locales. Y, a petición de algunos grupos, diremos de forma explícita que la fase de oposición podría no ser eliminatoria".

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, el personal afectado por esta supuesta mejora no ve mejora alguna en el anuncio de la ministra Montero. De hecho, este diario ha tenido acceso a una representante de la Plataforma de Trabajadoras de IVASS (Institut Valencià d'Atenció Socio-Sanitaria), quien ha transmitido una realidad muy diferente.

Según esta representante, el Real Decreto-Ley que se pretende sacar adelante no cumple con lo dispuesto en la directiva europea, ni con el Estatuto de los Trabajadores, ni con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). "Lo publicado ayer es discriminatorio porque todos los trabajadores con más de 3 años en la administración estamos en fraude de ley", explica. "Lo que ayer se publicó que parece una mejora para el personal de la administración que lleva más de 10 años como interino, es algo que ya viene contemplado en el artículo 61.6 y 61.7 del EBEP", señala.

Es más, los trabajadores con más de 3 años de interinidad y menos de 10, que como confirma la también están en fraude de ley porque así lo contempla el artículo 15.5 del Estatutos de los Trabajadores, quedan fuera de esta medida. Algo que desde los sindicatos se contempla como una clara estrategia de "divide y vencerás" dado que con este Real Decreto "se quitan a mucha gente y ya con los que quedan se hace menos ruido".

Una amplia representación de estos trabajadores y trabajadoras se concentró este miércoles en la plaza del Temple de València, ante la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, precisamente mientras este tema estaba saliendo a la luz desde Madrid, para mostrar su rechazo.

La representante de la plataforma asegura que, lejos de rendirse ante lo que consideran una operación de maquillaje realmente discriminatoria "se van a realizar más concentraciones y manifestaciones y vamos a presentar recurso ante el Tribunal Supremo".

Años de incertidumbre y futuro incierto

En diciembre de 2019, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, al frente de la cual está la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, convocó sin diálogo ni información previa alguna una convocatoria de Oferta Pública de Empleo (OPE) que ofertaba 404 plazas por concurso-oposición, que ha provocado el desasosiego entre los trabajadores que actualmente ocupan estas plazas.

Se trata de una situación injusta desde hace años, en muchos casos más de tres lustros. Trabajadores y trabajadoras que vienen desarrollando una labor impagable, a veces luchando contra condiciones difíciles incluso de carestía de medios materiales, y que nunca ha gozado del reconocimiento laboral por parte de la administración autonómica.

Así, a pesar de una más que contrastada experiencia y cualificación en el desempeño de sus funciones, la Conselleria no tuvo a bien reconocer de ningún modo dicha trayectoria de estos hombres y mujeres sino todo lo contrario, diseñando una OPE “desde la arbitrariedad, desde la falta de negociación y acuerdo social, desde la falta de transparencia”, lamentaban desde la Plataforma de Trabajadores y Trabajadoras de IVASS que alertaban a la opinión pública y ante el Consell su angustia por este hecho.

Esta situación, con vaivenes administrativos que sólo han conseguido alargar una auténtica agonía para el ánimo de estos trabajadores y trabajadoras, ha llegado hasta este julio de 2021 con un anuncio que los afectados consideran decepcionante cuanto menos y que no ha conseguido, sin embargo, minar su vocación de servicio y dedicación, que pasa por ser un ejemplo de servicio a quienes más lo necesitan.

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