Miguel Ballesteros, vecino de Godella, ha realizado una huelga de hambre durante 7 días para reclamar a la Generalitat la Renta Garantizada de Ciudadanía, 385 euros, que le permitan mantener "su adecuado bienestar personal, atendiendo a los principios de igualdad, solidaridad, subsidiariedad y complementariedad para su reinserción sociolaboral", tal como señala la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía en la Comunitat Valenciana.
Durante el último año, Miguel Ballesteros tan sólo ingresó la ayuda municipal que el Ayuntamiento de Godella le concedió en concepto de emergencia social, para que hiciera frente a necesidades básicas. Pero su situación de desempleado de larga duración (ya cinco años y medio), una hipoteca de una vivienda en Bétera "y ninguna esperanza de conseguir trabajo", según comenta, le llevaron a iniciar una huelga de hambre que ha durado 7 días en los que se ha 'instalado' frente al Centro de Salud y que ha concluido hoy mismo.
En ese tiempo, la alcaldesa de Godella, Eva Sanchis, la concejala de Bienestar Social, Rosa Barat, y la trabajadora social del Ayuntamiento, así como diferentes concejales han acudido al campamento de Miguel de forma frecuente para preocuparse por su estado e intentar buscar una salida a la medida emprendida que, finalmente acordaron ayer por la tarde.
La alcaldesa, Eva Sanchis explicó que “de forma excepcional hemos decidido concederle una ayuda extraordinaria de emergencia social que, obviamente, deberá justificar con los correspondientes resguardos y facturas pero estas son las consecuencias de una Administración, como es la Conselleria, ajena a los problemas reales de las personas y que es la que provoca situaciones tan dramáticas como la de Miguel con unas políticas de recortes que rozan lo inhumano».
Barat explicó que «la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía es competencia de la Generalitat, que tiene seis meses para contestar, y el Ayuntamiento tan solo puede colaborar en su tramitación, que es lo que hicimos en su momento". Barat además informó de la decisión del equipo de gobierno de elevar al Síndic de Greuges y al director de Servicios Sociales de la Conselleria una queja «para denunciar el caso de Miguel y el de otros muchos que no reciben la Renta Garantizada de Ciudadanía o la reciben con retraso por culpa de los recortes».
Miguel entrará a formar parte de los planes de intervención social que ofrece el Ayuntamiento y podrá contar con el servicio que Godella dispone en el colegio de abogados (ICAV) con el que firmó un convenio de asesoramiento gratuito para todos los afectados por desahucios de la localidad.
Miembros de la Plataforma de Solidaritat Ciutadana de Godella, que de forma periódica prestan su colaboración a personas en riesgo de exclusión social, han acompañado a Miguel de forma casi permanente quien, además, ha contado con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Paterna.