Las cuentas municipales para el próximo ejercicio prevén un gasto de 14, 2 millones de euros, frente a los 34 millones consignados en 2007, los presupuestos prorrogados hasta la fecha. Se reducen en un 75 por ciento gastos “no necesarios” como protocolo y asignación a partidos políticos y se recorta el gasto en personal en 1, 1 millones, con el despido de 44 trabajadores municipales.
El pleno extraordinario convocado este lunes por el equipo de Gobierno liderado por Manuel Álvaro ha dado luz verde a las cuentas municipales de 2011, después de tres ejercicios con los presupuestos prorrogados y del diseño de un Plan de Estabilidad Presupuestaria incluido. Todo con el objetivo de reducir gastos y sanear las arcas municipales.
Según ha explicado a Hortanoticias el edil de Economía y Hacienda, Juan José Gimeno, la caída de ingresos sufrida a partir de 2008 ha hecho necesario acometer una reducción “drástica” de las despensas en los últimos tres años. Así, ha detallado que el gasto el Ayuntamiento –gasto corriente y transferencias- se ha reducido de 8, 9 millones anuales a poco más de 4, 7 millones. Sin embargo, ha agregado que esta cifra ya no se podía reducir más “porque hay servicios de limpieza, mantenimiento o luz que no se pueden dejar de dar”.
“Hemos recortado los gastos que no son necesarios y, por ejemplo, la partida de protocolo y la asignación a los grupos políticos se han reducido en un 75 por ciento en los presupuestos de 2011”, ha señalado Gimeno, que ha recalcado que otras áreas como Bienestar Social “se mantienen e incluso superan en términos absolutos la asignación”.
Reducción de las líneas de autobuses
No obstante, sí se verán modificados otros servicios, como el de autobuses urbanos que conecta el centro urbano con los núcleos de Port Saplaya y La Patacona. En este sentido, el edil ha explicado que Alboraia, como población con menos de 50.000 habitantes, no está obligada por ley a dar un servicio de transporte público, aunque su disposición hace conveniente su existencia.
“Por eso pusimos una línea y luego lo ampliamos a dos, pero ahora lo dejaremos en una. No vamos a dejar sin autobús esos dos núcleos porque hay gente que va a trabajar a Port Saplaya o hay jóvenes que van al instituto a La Patacona, pero vamos a reducirlo a la mitad”, ha apuntado.
Asimismo, las oficinas de atención al ciudadano en estos dos núcleos del litoral no funcionarán todos los días para reducir el gasto, sino que abrirán “o días alternos o uno a la semana”.
44 despidos que podrían ejecutarse a finales de enero
Sin embargo, si hay una medida que ha generado controversia en los últimos meses es la de la reducción de la plantilla del Ayuntamiento, que se traducirá en el despido de 35 trabajadores del Ayuntamiento y nueve de la empresa municipal. Entre ellos se encuentran tanto personal fijo laboral como funcionarios interinos y personal de confianza.
En el caso de los funcionarios interinos y el personal de confianza, el propio pleno municipal se encargará de amortizar las plazas, tras el período legal de 30 días para que los afectados presenten alegaciones.
Por su parte, los 25 trabajadores con contrato laboral fijo entrarán a formar parte de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que deberá aprobar, también en el plazo de un mes, la Dirección General de Trabajo.
Así, el concejal ha señalado que “todavía no se han mandado cartas de despidos” y que estos podrían ejecutarse a finales de enero. De este modo, el Consistorio se ahorrará 1, 1 millones de euros al año y prevé conseguir el objetivo marcado por el Plan de Estabilidad de que el gasto en personal no supere el 36 por ciento del presupuesto municipal.
“Estos despidos son consecuencia del ajuste de los servicios, si reduces los servicios, tienes que reducir proporcionalmente la plantilla”, ha defendido Gimeno, que ha agregado que cuando uno “se tiene que ajustar a lo que tiene que gastar, hay que tomar medidas”, aunque ha admitido que en la administración pública “no se suelen afrontar estos temas con esta decisión”.
Según consta en el Plan de Estabilidad, la deuda del Consistorio se aproxima a los 18 millones de euros. FCC es el principal acreedor, con una deuda que ronda los 10 millones y la Emtre, encargada del tratamiento de residuos, ha denunciado al Ayuntamiento por el impago de 2, 6 millones. Asimismo, también debe 3, 5 millones a Lubasa y un millón de euros a Aguas de Valencia.
