El juez que instruye la causa sobre la presunta construcción ilegal de una piscina municipal de Alboraya sigue sus indagaciones pese a la petición de archivo que hizo la Fiscalía. Así que, por ahora, sigue adelante la causa que investiga la construcción de las instalaciones por parte del Ayuntamiento de Alboraia en terrenos del término municipal de València grafiados como huerta protegida y que todavía estaban en trámites de segregación. Figuran como imputados tanto el alcalde de València, Joan Ribó, como el primer edil de Alboraia, Miguel Chavarria, y su edil de Urbanismo, Ana Bru, a la espera de los resultados de las nuevas pesquisas.
Tanto la Fiscalía como las defensas habían solicitado el archivo de la investigación. El Fiscal delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de València, Joaquín Baños, solicitó el sobreseimiento libre (definitivo) para Ribó y el archivo provisional para el resto de investigados al considerar que, en todo caso, se trataba de una irregularidad administrativa.
Según su escrito, la investigación revela "la existencia de una defectuosa planificación urbanística llevada a cabo en los años 80 del siglo pasado" que habría permitido, con el tiempo, la construcción de la Ciutat de l'Esport con dos campos de fútbol, un pabellón semicubierto, un trinquet y una piscina cubierta. Y que esta última, el objeto de la investigación, habría invadido "una porción ínfima" del término de València.
En ese sentido, la providencia del instructor requiere al Ayuntamiento de Alboraya para que presente un informe ad hoc sobre la "fecha y circunstancias" de los expedientes de construcción, obras y entrega de las instalaciones de la Ciutat de l'Esport, que comprenden infraestructuras previas a la piscina.
Las dos acusaciones personadas en la causa, por su parte, habían defendido mantener viva la investigación porque, sostenían en sendos escritos, ambos consistorios habrían obrado a sabiendas del ilícito. Una de las acusaciones, insistió en que la actuación reviste gravedad porque se construyó la piscina en suelo protegido sin pedir licencia al consistorio de València, al que todavía pertenece el suelo, y que los responsables de Alboraya, incluidos técnicos del área de Urbanismo, lo hicieron "a sabiendas".
Advertía también que la irregularidad obligaría a que València abra un expediente de restauración de la legalidad urbanística que podría derivar en la demolición de lo construido, y que ha costado 1,2 millones de euros.
