Los últimos cambios producidos en la gestión municipal, tras la salida de José V. Sanchís, Julia Romero y Rafael Sanz, han obligado al ejecutivo a repartir de nuevo las áreas de gobierno. Los cuatro ediles restantes que se mantienen al frente de la gestión junto con la alcaldesa, Natividad García, se encargarán de las responsabilidades liberadas por sus compañeros, quienes les apoyarán desde el margen para mantener la gobernabilidad.
Así, Ana Grancha asume las competencias en Bienestar Social, Graciano Martínez se encargará de los asuntos relacionados con Sanidad, Ignacio Lluch toma Obras y Servicios y Vicent Gaspar será el nuevo titular de las áreas de Economía y Hacienda. En el caso de la concejalía de Fiestas, se dividirá en tres áreas (pueblo, playa y toros) para hacerla más operativa. Dada la coyuntura económica, las retribuciones por las nuevas competencias de estos concejales no aumentarán.
Con este nuevo reparto se pretende “asegurar el compromiso y la dedicación de todos los concejales, cuyos compromisos aumentarán con el fin de poder velar por los intereses de los ciudadanos del municipio” explican desde el Consistorio.
En este sentido, el motivo por el que el gobierno de la Pobla de Farnals decidió unirse entorno a la moción de censura fue “la esperanza de poder realizar una gestión que se preocupara más por el ciudadano".
A pesar de que los concejales salientes decidieron abandonar sus responsabilidades en la gestión por “motivos personales”, los tres ediles “seguirán apoyando al actual gobierno –indican desde el Ayuntamiento- ya que lo que importa realmente es la gestión por y para los ciudadanos”.
Respecto a las críticas recibidas desde la oposición, desde el equipo de gobierno defienden el buen funcionamiento de su gestión, a pesar de las diferencias que “siempre han sido superadas desde el diálogo”, afirman. “Muestra de ello es la gestión impecable y los proyectos que están en marcha, como la creación de dos centros de salud y la remodelación del polideportivo”, sentencian.
Irregularidades urbanísticas
Según han informado fuentes cercanas al consistorio, la Fiscalía ha iniciado una investigación, a raíz de la denuncia de un particular, sobre los expedientes de aprovechamiento de diversas actividades urbanísticas ejecutadas años atrás.
Estos aprovechamientos deberían haber aportado cerca de 5 millones de euros a las arcas municipales. Sin embargo, la cantidad ingresada en la caja de Patrimonio de Suelo Municipal ha sido mucho menor.
Por ello el ministerio fiscal ha reclamado al ayuntamiento las cuentas de todas estas operaciones para esclarecer si existieron irregularidades en las obras y depurar responsabilidades.
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