Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un supuesto entramado criminal, ubicado en la provincia de Valencia, presuntamente dedicado al favorecimiento de la inmigración irregular mediante la venta de contratos de alquiler falsos a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, que eran empleados para realizar los trámites de solicitud de residencia. Los agentes han detenido a 45 personas relacionadas con estos hechos en diferentes puntos de la geografía española.
La investigación, llevada a cabo por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, se inició en abril de 2025, a raíz de una intervención de la Policía Local de València, donde se daba cuenta de una serie de empadronamientos fraudulentos en un piso de la ciudad, según ha informado la Policía en un comunicado.
Las pesquisas de los agentes permitieron localizar otras tres viviendas más, en las que el principal investigado, junto a su mujer, supuestamente empleaba siempre el mismo modus operandi para obtener un beneficio económico: por un lado, alquilaban las viviendas como inquilinos, firmando un contrato de alquiler con los propietarios de las mismas.
Seguidamente, a pesar de que en dicho contrato se reflejaba expresamente la prohibición de subarrendar, publicitaban las habitaciones en portales de alquiler vacacional. Asimismo, de manera simultánea, a fin de lucrarse “lo máximo posible”, facilitaban a extranjeros en situación irregular contratos de alquiler de las habitaciones de cada una de las viviendas que tenían arrendadas, a cambio de 300 euros.
Posteriormente, esos contratos fraudulentos eran empleados por estos ciudadanos para realizar los trámites tendentes a regularizar su situación en España, “a pesar de ser sabedores” de su irregularidad “y de que no podían vivir en esos domicilios, al estar ya ocupados por clientes captados en plataformas de alquiler vacacional”.
Tras una ardua labor de investigación, la Policía ha detenido a un total de 45 personas, 21 por parte de la propia UCRIF de Valencia, y el resto por diversas plantillas policiales de todo el territorio nacional a raíz de las requisitorias interpuestas por los investigadores en aras a su arresto.
