El colectivo València Acull ha exigido hoy la paralización del expediente de expulsión de una vecina hondureña de Xirivella que inició la Policía de esta localidad cuando la mujer acudió a comisaría a denunciar una agresión. Ayer se desestimaron sus alegaciones e insistieron en proponer su expulsión.
Los hechos ocurrieron hace unas semanas cuando esta mujer resultó agredida por el casero de un amigo suyo al intentar mediar en una discusión entre ambos. Cuando se personó en la comisaría de la Policía Nacional de Xirivella para denunciar la agresión, los agentes iniciaron un expediente de expulsión contra ella al comprobar que no tenía documentación en regla.
Según Valencia Acull, para la policía prevaleció su situación irregular frente a la violencia contra la mujer, “porque así lo marca la ley”, tal como justificó este proceder el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio. Si la agresión hubiera provocado su muerte, “¿también se habrían fijado primero en que soy una inmigrante?”, se pregunta la víctima tras conocer que la policía insiste en su expulsión. La joven llegó a Valencia hace pocos meses, huyendo de la violencia de las maras que han asesinado a varios de sus familiares, incluido un hermano.
El 3 de mayo, la chica y un amigo español acudieron a la comisaría de Xirivella a denunciar las agresiones, insultos y amenazas que acababan de padecer por parte del casero de él. Cuando ya habían empezado a explicar que el casero agredió a la chica al tratar de entrar en la habitación donde se había recluido la pareja, el policía les pidió la documentación. Ella salió al coche a recoger la copia de su pasaporte y, al regresar, agentes de extranjería la detuvieron y le incoaron un procedimiento de expulsión. Su acompañante acabó de presentar la denuncia mientras que la joven tuvo que ir días después al juzgado de guardia para denunciar el ataque y las lesiones, que le provocaron hematomas y contusiones en brazos y hombros, según consta en los informes médicos.
La abogada de la joven presentó alegaciones contra el expediente de expulsión el 17 de mayo, destacando el proceso de integración que está realizando la joven. Y con una rapidez que no es habitual en estos casos, la policía de Xirivella propuso el 5 de junio mantener la orden de expulsión al no haber acreditado “que se encuentre de forma legal en Territorio Nacional”.
En la propuesta de resolución del procedimiento de expulsión la policía también afirma que “en ningún momento se ha impedido realizar ninguna denuncia a esta persona informándole incluso de la conveniencia de presentar junto a la denuncia un parte de lesiones en el que se refleje las lesiones que manifiesta haber sufrido”. La joven asegura que no pudo presentar la denuncia conjuntamente con su amigo porque la policía se la llevó para abrirle el proceso de expulsión; por eso, en el escrito de denuncia en la comisaría sólo figura su amigo como denunciante y víctima y ella únicamente como víctima. Pero ni siquiera su condición de víctima impidió su detención y la incoación del expediente de expulsión.
València Acull considera inadmisible la forma de proceder de la policía de Xirivella avalada por la Delegación del Gobierno porque entendemos que ha de prevalecer la protección de las víctimas y su acceso a la justicia en todos los casos, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren, tal como se contempla en el Estatuto de la Víctima del Delito, en la propia Constitución y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En este sentido, solicita el inmediato archivo del procedimiento administrativo sancionador de expulsión incoado contra la mujer hondureña puesto que ha sido iniciado vulnerándose las más elementales normas de nuestro ordenamiento jurídico.
También reclama la expedición por parte del Ministerio de Interior, con carácter inmediato, de una instrucción de obligado cumplimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que en ningún caso sean incoados expedientes de expulsión a quienes acudan a denunciar. Esta orden debe contemplar la protección de toda víctima de cualquier tipo de abuso, en su persona o bienes, ampliando la cobertura de la reciente instrucción (nº 7/2019, 20 de mayo) de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se ordena a la policía que no inicie procedimientos de expulsión a las víctimas extranjeras de violencia de género.
La adopción de las medidas necesarias para establecer un marco legal que garantice que cualquier persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico pueda y recibir el amparo de todas las instituciones sin que el ejercicio de estos derechos le suponga el riesgo de la expulsión.
