El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el Caso Imelsa, dejó anoche en libertad provisional a siete de los 24 detenidos el martes en la operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
A cuatro de ellos les ha impuesto, como medida cautelar, el pago de una fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles a que tendrían que asumir en el caso de que fueran condenadas en la causa. Se trata del ex diputado David Serra, al que se la ha impuesto una fianza de 15.000 euros; la secretaria del grupo del PP, Carmen García Fuster, con una fianza de 150.000 euros, al igual que al ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Valencià de Cultura, Vicente Burgos. Por último, al empresario ex suegro de Marcos Benavent, el que fuera gerente de Imelsa y también imputado en la causa, se le ha impuesto una fianza de 500.000 euros. El fiscal pidió también prisión para García Fuster al término de su declaración pero el juez instructor rechazó la petición.
En el caso de que no abonen la fianza en el plazo establecido, el juzgado procederá al embargo de bienes. Todos ellos mantienen la condición de investigados (imputados) en una causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Los detenidos que han quedado en libertad provisional sin fianza tras prestar declaración ante el instructor de las diligencias son dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).
A última hora de la noche, pasaron a disposición judicial otros seis detenidos, empresarios. Todos fueron puestos en libertad provisional sin fianza.
