La Conselleria de Vivienda y la Asociación Gitana Europea de Torrent abordan la situación de La Finca Roja

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La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio se ha reunido con la Asociación Gitana Europea e Intercultural de Torrent para hablar del grupo de viviendas del parque público conocido como La Finca Roja.

Concretamente, la directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Helena Beunza, ha mantenido un encuentro con el presidente de la asociación gitana, Juan Gil, quien le ha explicado los planteamientos de su organización y las necesidades del barrio.

La Finca Roja es un barrio donde muchas de sus familias sufren riesgo de exclusión social y en el que un alto porcentaje de la población es gitana. La directora general de EIGE ha explicado que desde la Conselleria que dirige María José Salvador está prevista la reparación de varias viviendas del grupo para ofrecerlas a las familias con mayores necesidades.

Por el momento, la Conselleria ha contratado la reparación de seis viviendas y tiene previsto la rehabilitación de otras cinco. En ese sentido, EIGE ya ha comenzado el proceso de adjudicación de estos pisos y ha solicitado la documentación a los demandantes de viviendas de Torrent con mayor puntuación.

En la reunión se ha explicado cómo se realizará el proceso de selección de los futuros adjudicatarios de esas viviendas. Unos inquilinos que tendrán que firmar el compromiso social. Un documento en el que se comprometen a mantener en buen estado su vivienda, los elementos comunes del edificio así como a cumplir con las normas de la comunidad de vecinos.

Asimismo, la Conselleria ha iniciado un Plan de Normalización de este grupo de viviendas y ya se han celebrado las reuniones informativas con las comunidades de vecinos para explicarles las medidas del Consell para flexibilizar el pago de sus alquileres a través de bonificaciones o aplazamientos de deuda.

En la reunión, el presidente de la Asociación Gitana Europea e Intercultural de Torrent ha manifestado la importancia de tener en consideración en los procesos administrativos a los representantes de los colectivos afectados, de ahí que se haya ofrecido a colaborar en aquellas acciones que promuevan la buena convivencia vecinal y la cohesión social.

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