Comissió Ciutat-Port califica de gravísimo que el Ministerio descarte la declaración de impacto ambiental para la Terminal Norte

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La plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port cuestiona la legalidad del comportamiento que califica de «abstencionista» por parte del organismo estatal Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, al que acusa de «eludir sus responsabilidades evitando pronunciarse sobre la cuestión clave de los impactos en el medioambiente y la salud que producirá la macroampliación que promueve la Autoridad Portuaria de Valencia (APV)». Por ello, Ciutat-Port exige que se haga público el informe que justifique la decisión de Puertos de Estado, así como el proyecto definitivo de las obras que pretende realizar la APV.

Puertos del Estado, según se ha podido saber este mismo viernes y así lo ha publicado este diario, cederá a la Autoridad Portuaria de València la última palabra sobre la necesidad o no de tramitar una nueva evaluación ambiental para poder llevar a cabo una ampliación del Puerto de Valencia que ha sido cuestionada por la Comissió Ciutat-Port, con el apoyo de más de un centenar de colectivos, argumenta la plataforma, y el aval de informes técnicos y jurídicos emitidos por diversos expertos.

Para Ciutat-Port, la Declaración de Imapcto Ambiental (DIA), fruto de una evaluación ambiental realizada hace 15 años, ha perdido vigencia. Las circunstancias ambientales de hace 15 años no son las de 2021, en plena situación de emergencia climática reconocida por todos los organismos internacionales y por las mismas autoridades que ahora dan el visto bueno a una ampliación que ni siquiera se ajusta a la documentación aportada cuando se realizó la evaluación que considera obsoleta y no adecuada a la realidad actual.

Además, según la nota difundida desde Puertos del Estado y las declaraciones de su presidente, Francisco Toledo, sería a la misma APV a la que correspondería ahora pronunciarse sobre la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental, con lo que no solo el organismo estatal “elude sus responsabilidades” sino que aboca a la ciudadanía a una situación de absoluta inseguridad jurídica al convertir a la Autoridad Portuaria de València en juez y parte.

La plataforma manifiesta estar «harta de declaraciones y comparecencias de los responsables de la APV , mientras siguen sin contestar de manera individual y razonadamente a las alegaciones presentadas hace más de un año y ni siquiera se ha hecho público el proyecto definitivo de la macro ampliación», señala.

Por ello, Ciutat-Port exige que se haga públicos los informes en los que se basa el posicionamiento hecho este viernes por Puertos del Estado, para poder estudiar su contenido y rebatirlo públicamente y recurrirlo ante los tribunales. Y, además, afirma que «resulta indignante que el organismo estatal al cual según la Ley corresponde llevar a término la aprobación del proyecto de la actuación, a la vista de las circunstancias ambientales actuales y no las de hace 15 años, eluda sus responsabilidades para volver a dejar a la puerta de la APV una decisión que arrastra casi año y medio de retrasos».

Por otra parte, la plataforma también recuerda que esta «extraña fórmula» de no pronunciarse escogida por Puertos del Estado, no despejan las dudas sobre la eventual adjudicación de la concesión para la explotación de la ampliación Norte a la naviera MSC, no solo por el tiempo transcurrido sino por el hecho de que la empresa de tranpostes hizo su oferta basándose en un anteproyecto que ha experimentado numerosos cambios y aún ha de ser adaptado a las nuevas recomendaciones técnicas incluidas en el informe de Puertos del Estado.

La Comissió Ciutat-Port se ratifica en los informes técnicos y jurídicos aportados en su día que razonan, por una parte la pérdida de vigencia de una DIA las fechas y la evaluación del cual tienen ya 15 años de antigüedad y por otra parte, los efectos adversos que tendrían lugar con la ampliación, tanto para las playas del sur y la Albufera, como para la salud de la población, al incrementarse el tráfico marítimo y de vehículos pesados alrededor de las instalaciones portuarias.

Asímismo, la plataforma rechaza la «concepción anacrónica» de la realidad de la que aseguran hacen gala tanto Puertos del Estado como la APV, que «continúan apostando por macro infraestructuras y desarrollos basados en el cemento en vez de trabajar en la lógica de la transición ecológica, la defensa del territorio y la salud de las personas».

Una vez conocido el contenido del informe de Puertos del Estado y a la vista de las decisiones que adopte la Autoridad Portuaria de Valencia, la Comissió Ciutat-Port afirma estar dispuesta «a movilizar a la sociedad civil y acudir a los tribunales, ante uno y otro organismo en defensa del derecho a la salud y al medioambiente que la Constitución reconoce», y «exigir responsabilidades hasta las últimas consecuencias».

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