La operación Alquería llevada a cabo hoy por agentes de la Policía Nacional y ordenada por el juzgado número 9 de Valencia ha supuesto la detención de seis personas y la ejecución de ocho registros en la Diputación de Valencia, la sede de Divalterra, el Ayuntamiento de Ontinyent y la vivienda del presidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.
Un despliegue con agentes de la UDEF llegados desde Madrid que ha sorprendido tanto a cargos socialistas como a miembros de otros partidos como Compromís y el PP. El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata, ha reconocido esta mañana estar sorprendido de que “por unos contratos irregulares” se haya desplegado un operativo como este y ha apuntado que “tiene que responder a otra cosa” aunque, del mismo modo, ha pedido “prudencia y cautela”.
Aunque la denuncia de Cs hecha en la Fiscalía en el mes de abril de este año hacía referencia únicamente a siete contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra que contaban con doce informes en contra incluso, de los propios servicios jurídicos, lo cierto es que la respuesta de la Fiscalía fue que se incorporaría esta documentación a unas diligencias previas que ya estaban llevando a cabo junto a Anticorrupción.
Para el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, el despliegue policial debe responder a una cuestión más amplia que aún no ha trascendido o bien, ha especulado, responda al deseo de alguien de que se dé mucho bombo y difusión a estas detenciones.
Incluso desde partidos de la oposición que habían denunciado irregularidades en Divalterra, como el PP, han declarado estar perplejos por la contundencia de la operación policial que responde a una causa abierta por malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa.
En ese mismo sentido, se ha pronunciado la diputada de EU y socia de Gobierno en la institución provincial del ahora detenido Jorge Rodríguez, Rosa Pérez Garijo, ha reconocido que lo denunciado “no se corresponde” con la operación policial llevada a cabo.
La diputada ha destacado que los contratos sobre los que supuestamente se investigan irregularidades "no se habían aprobado en el consejo de administración" de Divalterra y ya "no están vigentes".
