Ante el incremento de casos de familias de Albal que se personan en el Ayuntamiento buscando una solución a una situación económica que las ha puesto al borde del desahucio, el Consistorio ha decidido tomar una serie de medidas encaminadas a reducir al mínimo el número de ejecuciones hipotecarias en el municipio.
El alcalde, Ramón Marí, ha decidido adoptar una serie de medidas que ayuden a todos los que puedan verse en la situación de no poder atender los pagos de una hipoteca. La principal medida es la creación de la Oficina Municipal de Afectados por Desahucios, donde cualquier vecino tendrá el asesoramiento legal por parte de los abogados municipales.
Según Marí, “la mayoría de los afectados no tienen muchos recursos para asesorarse debidamente, y llegan al Ayuntamiento en la fase final del proceso. Es importante estar informado desde el principio, donde se tiene mayor posibilidad de negociación con las entidades financieras”. Esta oficina estará ubicada en el propio edificio del Ayuntamiento.
A esta medida se sumarán otras encaminadas a “presionar” a bancos y cajas de ahorros para que “flexibilicen el proceso de ejecución hipotecaria”. Así, será el propio alcalde de Albal quien acompañe a los vecinos –como ya lo ha hecho en alguna ocasión– para intermediar frente a la entidad financiera. “No se trata de perdonar ninguna deuda, sino de personalizar posibles soluciones que eviten la pérdida de una vivienda habitual que lleve a una exclusión social a los afectados”, ha querido subrayar el alcalde.
“El Real Decreto-ley aprobado hace unos días es insuficiente, ya que ha definido muy restrictivamente el umbral de exclusión en el que debe encontrarse la familia amenazada por un desahucio, por lo que debemos buscar alternativas legales, aunque sean moratorias de ejecución que puedan permitir a los afectados mejorar en el tiempo su situación”, añadió Ramón Marí.
Todas las medidas planteadas serán llevadas esta semana a la sesión plenaria del Ayuntamiento de Albal en forma de moción con el fin de que el resto de partidos con representación municipal puedan apoyarlas. Además, se instará a la Generalitat a que ponga en marcha el servicio de mediación hipotecaria y que refuerce su apuesta por la política de alquiler social como medida paliativa de cara a las familias que se vean expulsadas de su vivienda habitual.
Por último, el alcalde de Albal ha querido advertir de que espera “no tener que tomar más medidas de presión contra los bancos y cajas de ahorro del municipio, con los que el Ayuntamiento trabaja habitualmente”, ya que “la situación social que este problema está generando a buen seguro que hará que las entidades financieras colaboren sin tapujos para que las familias puedan afrontar el pago de sus deudas, y en los casos más extremos, permitan el alquiler social que impida que ninguna familia se quede en la calle”.
