La historia de la Comunidad Valenciana en estos ocho años es la historia de un ascenso aparentemente irresistible seguido de un hundimiento prolongado, y cuyo final aún está por ver. Las dos legislaturas de Francisco Camps escenificaron el éxito de una región centrada en un modelo productivo en apariencia muy rentable, basado en la construcción y en los grandes eventos. Un modelo que, sin embargo, tenía los pies de barro, y no sólo en el aspecto económico. También se llevó por delante principios éticos que deberían guiar a nuestros dirigentes (y a nuestros ciudadanos), y que se vieron sustituidos por una dinámica de oportunismo y enriquecimiento fácil.
Pocas cosas expresaron mejor las debilidades de nuestra aparente riqueza que el accidente del Metro de Valencia del 3 de julio de 2006. No sólo por una cuestión económica (las deficiencias en el mantemiento de las vías y trenes, algo que no “luce” tanto como inaugurar circuitos de Fórmula 1), sino sobre todo ética. O de falta de ética, mejor dicho. La de unos dirigentes políticos incapaces de asumir responsabilidades.
Siete años después, la Comunidad Valenciana está arruinada. Y también lo está la credibilidad de nuestros dirigentes. Nos hemos quedado sin instituciones financieras, sin modelo económico y, en parte, sin gobierno, dado que la Generalitat opera según los dictados del ministro Montoro. El panorama es pavoroso, por desgracia. Lo único bueno del asunto es que la degradación es tal que cabría esperar que, cuando dentro de unos años aparezcan otros vendedores de crecepelos anunciando milagros (con la construcción, con los grandes eventos, o con lo que sea), la ciudadanía sepa recibirlos con el debido escepticismo.
Guillermo López.
Artículo publicado en la edición especial 2000 de Hortanoticias.
