Varios ayuntamientos y diputaciones provinciales de toda España han sido hoy el objetivo de una macrooperación policial contra la corrupción que tiene su origen en la investigación de posibles amaños en la contratación de servicios para la gestión y regulación del tráfico. Entre las instituciones a las que se va a requerir documentación aparece el Ayuntamiento del Puig aunque fuentes municipales han confirmado a Hortanoticias que ese requerimiento aún no ha llegado al Consistorio de l'Horta.
La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que el registro de varios ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona en el marco de su investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol, SL, que habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.
Es el caso del Puig de Santa Maria que había adjudicado a la empresa, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 19 de octubre de 2017, el contrato del servicio de mantenimiento del programa GesPol (Gestión Policial) por un importe total de 4.864 euros. Se trata del software de gestión que utiliza la Policía Local en su actividad diaria.
Según la formalización del contrato, se adjudicó a esta empresa el servicio (consistente en el mantenimiento del software de tecnología de la información) por ser la oferta económicamente más ventajosa pues el único criterio era el precio más bajo. Desde el Ayuntamiento apuntan que aunque esa es la adjudicación de 2017, El Puig dispone de este sistema de gestión desde hace más de veinte años al igual que multitud de ayuntamientos de España.
En El Puig se encuentran, en este momento, a la espera de ser notificados oficialmente por la UDEF, unidad policial encargada de la operación, para conocer con detalle qué es lo que se está investigando y qué documentación deben aportar la cual, han asegurado en un comunicado, ofrecerán con total diligencia.
En ese sentido, desde el Ayuntamiento han emitido un comunicado explicando que el contrato que tienen con GesPol se limita a la gestión policial y que nunca han contratado ningún otro servicio relacionado con la gestión de semáforos o de multas de tráfico.
En concreto, ese juzgado de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en 22 ayuntamientos y ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en la Diputación de Alicante y en otros 18 ayuntamientos, entre ellos, el del Puig.
Según la Fiscalía, los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
