Les Corts Valencianes han rechazado este martes, con los votos del PSPV, PP, Ciudadanos y Vox, una iniciativa conjunta de Compromís y Unides Podem que proponía pedir al Gobierno de España "la paralización inmediata" de las obras de ampliación a tres carriles de la V-21.
Desde el PSPV han reconocido que la obra se podría haber hecho mejor y que la legislación autonómica actual no la permitiría, pero han destacado la "escasa maniobrabilidad" del Gobierno al encontrarse el proyecto adjudicado, por lo que, a su juicio, ha hecho lo que podía y debía, dejando a un lado lo que quería.
El PP ha urgido a terminar cuanto antes una obra necesaria para evitar accidentes, Ciudadanos ha defendido la legalidad de las actuaciones y ha dicho que solo se pueden parar en los tribunales, y Vox ha considerado que la necesidad de acceso a València "es vital y prioritaria".
La iniciativa presentada pedía, además de paralizar las obras, la reversión de las expropiaciones y la restitución de aquellos bienes personales y ambientales que se hayan visto perjudicados por el proyecto.
Además, se proponía abrir un diálogo con las administraciones, organizaciones de la sociedad civil y vecinos afectados para determinar las prioridades de movilidad y consensuar un plan que beneficie al conjunto de la sociedad valenciana.
Graciela Ferrer ha abogado por que las infraestructuras y las inversiones del Estado "tengan en cuenta las necesidades del territorio y la calidad de vida de los valencianos", mientras que Beatriu Gascó ha calificado de "cinismo" que se declare la Emergencia Climática en la Comunitat y se apoye este proyecto.
El socialista David Calvo ha destacado la "enorme responsabilidad" del Ministerio de Fomento al haber aceptado el cien por cien de las alegaciones presentadas y haber minimizado el impacto de una obra que, según ha insistido en varias ocasiones, estaba adjudicada.
Calvo ha asegurado que el PSOE "jamás actuará en contra de la legalidad" y ha defendido que el ministro "no tenía más opción" que ejecutar la obra, pero ha valorado que este tipo de actuaciones ya no tengan cabida actualidad gracias la legislación impulsada por el Botànic.
Además, ha afirmado que la ampliación de la V-21 tiene como principal objetivo mejorar la seguridad vial en una vía en la que se han producido 230 accidentes en los últimos 8 años.
Gascó ha considerado que el PSOE tuvo la oportunidad de parar la obra "antes de empezara" pero no lo hizo porque "sigue sin entender que el futuro pasa por repensar el modelo de área metropolitana que queremos para Valéncia" y "el transporte público que queremos".
El popular Miguel Barrachina ha apoyado que la obra "se lleve a cabo cuanto antes por seguridad"; ha criticado las acciones de los "ecologistas urbanitas" a los que les gusta estar rodearos de huerta pero que la trabaje otro, y ha destacado que ningún agricultor ha protestado por la ampliación o por la indemnización recibida.
Desde Ciudadanos, Eduardo del Pozo, ha acusado a Compromís y Unides Podem se presentar esta iniciativa para sacar rédito electoral, pues en estos momentos la única vía para paralizar las obras es la judicial, y ha dicho confiar en el trabajo y objetividad de los funcionarios "que han velado por el cumplimiento de la legalidad" en esta actuación.
El diputado de Vox José Luis Aguirre ha dicho estar de acuerdo en proteger la huerta, pero, a su juicio, en este caso la necesidad acceso a València "es vital y prioritaria" y el coste de paralizar la obra "sería altísimo".
