Según explica Ramón, el objetivo de la moción es que el Ayuntamiento de Paterna exija al Ministerio del Interior que, según la legislación española y el compromiso con el respeto a los Derechos Humanos, le conceda el asilo político a Hassana. En caso contrario, y si tiene que volver al Sáhara Occidental, la integridad física del joven activista saharaui tiene un riesgo real.
El pasado 19 de enero se hizo público el auto de resolución de la solicitud de asilo político en España de Hassanna Aalia, donde se le comunicaba la denegación de dicha solicitud y se le anunciaba la salida obligatoria del territorio español, dándole un plazo de 15 días para abandonar el Estado español, a pesar del castigo que le espera y el riesgo real de tortura al volver al Sáhara Occidental bajo ocupación de Marruecos.
Hassanna Aalia está en el Sumario de Instrucción del Tribunal Militar Permanente para la Fuerza Armada del Reino del Marruecos, junto con otros 24 acusados, todos civiles y el Ministerio de Interior le ha denegado la protección internacional porque en la sentencia escrita no figura su nombre entre los condenados, aunque los observadores internacionales confirmaron que sí que fue nombrado en la sala cuando se leyó el veredicto a cada uno de los acusados.
Así, el Estado español considera que hay un procedimiento penal que no ha concluido y, “a pesar de no decirlo expresamente, en el fondo está avalando la validez de un juicio que ha sido denunciado por las más importantes organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos por no ofrecer ninguna garantía a los procesados”.
“Es incomprensible que con un informe contundente de ACNUR, que apoyaba la petición de Hassanna, y donde se detallaban las detenciones, maltratos, acoso y presión que ha sufrido por parte de la policía marroquí, el Ministerio del Interior haya dicho no. Por eso es fundamental que las administraciones locales se impliquen y que, desde su ámbito, gota a gota, manifiesten su disconformidad con el Gobierno español, solicitando que Hassanna se quede y pueda vivir con sus derechos intactos”, concluye Ramón.
