La coalición de los líos

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PSPV, Compromís, y desde 2019 Unidas Podemos, vienen formando una coalición de gobierno con altibajos continuos, más bajos que altos diría yo, tanto a nivel autonómico como en muchos municipios.

Y es que el PSPV, normalmente, se deja llevar por las exigencias que sus socios radicales le imponen, más que nada para mantener la vara de mando intacta y que estos no se le reboten y lo dejen en la estacada. El último episodio lo hemos vivido con la vicepresidenta Oltra y el conseller Soler, donde una vez más PSPV y Compromís han luchado por ver quién puede más.

Líos día sí, día también entre los socios, tanto en el Consell como en los diferentes ayuntamientos donde gobiernan. Cuando uno dice blanco, el otro dice negro, todo menos gobernar por el interés general, que es secundario para ellos, siendo lo principal ver quien marca más territorio o saca más músculo de la coalición.

Ahora, desde Compromís y Podemos, pretenden imponer una tasa turística, algo marca de la casa en la izquierda, para fomentar, sin duda, la creación de riqueza y ayudar a un sector tan boyante en los últimos tiempos como es el del turismo. Entiéndase la ironía.

Mientras, Dalmau, el Vicepresident del Consell que por cuota le toca a Podemos, se va, ya no por su incapacidad al frente de Vivienda o su gestión inexistente, sino porque su propio partido ya no lo quiere. Cambia un peón por otro, sólo por un designio partidista.

El Consell, para el Botànic, es un juego de mesa donde las fichas se mueven a placer de los partidos, para cubrir su parcelita de poder, pero donde gestionar y gobernar es superfluo. Listas de espera médica disparadas, administración saturada, asfixia económica para miles de familias valencianas es el resultado de 6 años de Botànic.

A todo esto, Puig tiene que recurrir a homólogos autonómicos que de verdad den su día a día por mejorar la vida de sus ciudadanos, como Juanma Moreno Bonilla, y planear un frente común para conseguir, de una vez por todas una financiación justa, algo que se convirtió en imposible desde 2009 con la entrada en vigor de la LOFCA, ley que no fue apoyada por el PP. Una ley injusta, que hace españoles de primera y de segunda según la comunidad donde vivan y que discrimina gravemente los intereses de los valencianos.

[ Amparo Folgado | Portavoz Grupo Popular Ajuntament de Torrent | @amparofolgado ]

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