El olvido del alcalde de la póliza de responsabilidad civil cuesta 7.500 euros al ayuntamiento de Almàssera

El Ayuntamiento de Almàssera va a tener que hacer frente a más de 7.500 euros derivados de un procedimiento penal contra el alcalde de Almàssera, Ramón Puchades. Hasta ahí todo normal. Pero el PP ha denunciado que el ayuntamiento tiene una póliza de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubre a autoridades y personal del Ayuntamiento suscrita con AIG Euripe Limited, y que tienen un coste para las arcas municipales de más de 3.200 euros anuales.

El objeto de esta póliza es cubrir el 100% de los gastos que se puedan derivar de cualquier procedimiento iniciado contra, no sólo, un cargo político del Ayuntamiento, sino también contra cualquier funcionario.

Tras ser preguntado en el Pleno por el PP, el alcalde manifestó no ser conocer de la existencia de dicha póliza en el momento del procedimiento “ya que pensaba que era de responsabilidad patrimonial” pese a haberla firmado, así consta en la factura y en el informe emitido por la interventora con fecha 25 de enero de 2019 a petición del Grupo Popular.

Los populares ya presentaron un escrito en Registro de Entrada del Ayuntamiento solicitando conocer si se había hecho uso o no por parte del alcalde de dicha póliza. La respuesta responsable de Servicios Generales contestó dicho escrito manifestando “Que existen dos pólizas de seguro que a su entender entrarían en este supuesto. Que no le consta que algún miembro de la actual corporación haya requerido o solicitado”.

En el Pleno municipal, la oposición tildó de negligente la actuación del alcalde. El PP afirmó “no entender porque todos los vecinos tenemos que pagar una defensa jurídica, qué si el alcalde hubiera hecho uso de la póliza que el mismo ha firmado y que hemos pagado todos los vecinos, el seguro hubiera cubierto el 100% de los gastos, y ahora por su negligencia tenemos que pagarlo todos”.

En el caso en cuestión que se siguió en el juzgado de Moncada se cerró con sebreseimiento provisional por lo que en caso de que se volviera a presentar una nueva prueba, el procedimiento se reabriría de nuevo.

El informe del juez expone “del examen de los hechos objeto del procedimiento, resulta la practica por el querellado de actuaciones relacionados con la autorización de pagos, aprobación de complementos salariales y la aprobación y desarrollo de un programa de colaboración social.” Además, dicho informe de la fiscal añade “que presentan irregularidades” y deja abierta una posible futura reapertura del procedimiento “a falta de otros extremos que revelen tales circunstancias”.